Uber decidió aumentar hasta en un 7% sus tarifas en distintas ciudades de México, lo que generó una fuerte reacción del gobierno federal, que calificó la medida como una ruptura del acuerdo alcanzado en el marco de la reforma laboral para trabajadores de plataformas digitales.

La empresa argumentó que el alza responde al nuevo marco normativo que obliga a garantizar seguridad social a sus conductores, y aseguró que la medida busca “proteger las ganancias actuales” de sus colaboradores. “Es una realidad que no podemos ignorar”, expresó Uber a través de un comunicado, justificando la actualización de precios con base en los nuevos costos derivados de la reforma.

Sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) descalificó la decisión, señalando que el aumento no solo contradice los compromisos establecidos en la mesa de trabajo con las plataformas digitales, sino que ocurre cuando aún no se tiene una evaluación completa del impacto económico real.

“El incremento en tarifas, a tan solo 15 días de iniciado el piloto, incumple los acuerdos y es especialmente preocupante porque no existe aún una estimación precisa sobre el costo operativo ni cuántos trabajadores han sido formalmente incorporados al sistema de seguridad social”, afirmó la STPS.

La dependencia reiteró que el objetivo de la reforma es dignificar el trabajo en aplicaciones de transporte y entrega, y señaló que estas empresas han basado su modelo en que los trabajadores absorban todos los gastos relacionados con su labor, como gasolina, mantenimiento de vehículo, celular y conexión a internet.

Ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció el inicio de operativos en todo el país para verificar que las tarifas de servicios digitales cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor, y sancionar cualquier incremento injustificado que afecte a los usuarios.