La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió con firmeza al pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que calificó como “generalizadas” y “sistemáticas” las desapariciones forzadas en México. La dependencia federal consideró que las afirmaciones del organismo internacional “carecen de sustento y no son admisibles”.

A través de un comunicado, la Cancillería subrayó que la desaparición de personas es un delito grave que el Estado mexicano combate mediante una política integral enfocada en la prevención, la investigación y la sanción. En este sentido, aseguró que el gobierno mantiene un compromiso permanente con el fortalecimiento institucional y la coordinación interinstitucional para atender este problema.

El rechazo del gobierno mexicano ocurre luego de que el CED activara el procedimiento establecido en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, proceso que fue anunciado en abril pasado. Dicho mecanismo permite iniciar una investigación internacional sobre posibles violaciones a la convención.

La SRE enfatizó que México es uno de los países más abiertos al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, al haber ratificado la totalidad de los tratados internacionales en la materia. Sin embargo, reiteró que las conclusiones del Comité “no se sostienen en criterios objetivos ni reflejan los esfuerzos del Estado mexicano”.

La dependencia añadió que, junto con otras instituciones federales, ha mantenido un diálogo constante con el CED para ofrecer información precisa y actualizar los avances en materia de búsqueda, identificación y atención a víctimas. “En México se han fortalecido las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas y se han desarrollado nuevas herramientas de coordinación con familiares y colectivos de víctimas”, destacó la Cancillería.

Con este posicionamiento, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca dejar claro que no acepta las acusaciones de prácticas sistemáticas en materia de desapariciones forzadas, al tiempo que reafirma su compromiso con la cooperación internacional y la defensa de los derechos humanos.