La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó este lunes, con 25 votos a favor, tres abstenciones del PRI y ninguno en contra, el dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La propuesta busca establecer un tipo penal básico para castigar este delito con penas de prisión que van de seis a 25 años, dependiendo de las agravantes, además de multas de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 56 mil 570 pesos.

El diputado morenista y presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, explicó que la nueva ley tiene como objetivo reforzar la coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar una persecución más efectiva del delito de extorsión, el cual adopta múltiples modalidades, entre ellas las llamadas telefónicas.

Durante la sesión, el priista Emilio Suárez Licona destacó que la extorsión se ha extendido incluso hacia beneficiarios de programas sociales, convirtiéndose en un fenómeno que afecta directamente la economía de las familias mexicanas. “Es un sistema de impuestos paralelos al del propio Estado, que socava el desarrollo económico y erosiona el tejido social”, advirtió.

Por su parte, el panista César Damián Retes denunció que en ciudades como Tijuana, la delincuencia organizada impone cobros ilegales por derecho de piso, mientras que funcionarios municipales también participan en prácticas de intimidación y sobornos. “Van servidores públicos del ayuntamiento a extorsionar a cambio de permisos o para no retirárselos, pidiendo dinero a los empresarios”, señaló.

El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, será sometido a discusión y votación en el pleno este miércoles, tras realizarse este martes la declaratoria de publicidad. Con esta iniciativa, el Congreso busca fortalecer el marco legal para combatir uno de los delitos que más lastiman la seguridad y la economía del país.