México
Revoca el TEPJF multas del INE por más de 6 millones de pesos a candidatos judiciales
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a 176 candidatos que participaron en la reciente elección judicial, quienes habían sido multados por presuntamente beneficiarse de los llamados “acordeones”, tanto en formato físico como digital.
En total, el monto de las multas revocadas supera los 6.3 millones de pesos. Entre los sancionados figuraban aspirantes a ministras y ministros de la Suprema Corte, como Loretta Ortiz, a quien el INE había impuesto una multa de 255 mil pesos; Yasmín Esquivel, con 190 mil 980; Sara Irene Herrerías, con 138 mil; María Estela Ríos González, con 125 mil 810; y Giovanni Azael Figueroa Mejía, con 94 mil 358 pesos.
El órgano electoral había determinado que los candidatos eran responsables de la difusión de dichos materiales, sin embargo, el Tribunal concluyó que esa resolución carecía de pruebas suficientes. Según el fallo, los aspirantes “repudiaban válidamente la conducta infractora”, lo que evidenció que no se acreditó ni su conocimiento ni el beneficio directo derivado de los acordeones.
La decisión fue aprobada por mayoría de los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Alfredo Fuentes, mientras que Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra. Otálora planteó revocar las sanciones, pero con la instrucción de que el INE realizara una investigación más exhaustiva, propuesta que fue rechazada por el bloque mayoritario.
En la sesión también se aprobó la excusa de los magistrados Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García, quienes participaron en la pasada elección judicial.
El pleno del TEPJF resolvió que las sanciones del INE fueron indebidamente fundadas y motivadas, pues no se acreditó que las candidaturas hubieran tenido participación o beneficio alguno en la elaboración y difusión de los acordeones, los cuales —según el Tribunal— fueron creados por terceros no identificados. De esta manera, el Tribunal determinó revocar de manera definitiva las multas impuestas por el INE.
México
México implementará multas del 100% por importación ilegal de combustibles
El 5 de octubre de 2026, se anunció que México contará con una nueva herramienta jurídica para combatir el huachicoleo fiscal, que ha puesto en riesgo al erario federal con pérdidas estimadas en cuatro mil 600 millones de pesos en un periodo de 18 meses, según la Secretaría de Hacienda.
La Cámara de Diputados tiene programada la aprobación de una reforma a la Ley Aduanera, que permitirá imponer multas de hasta el 100% del valor de los hidrocarburos, incluyendo petróleo, gasolinas, diésel y gas, que sean introducidos al país de manera fraudulenta para evadir impuestos.
La reforma establece que cuando el valor declarado en el pedimento de importación sea inferior al valor de transacción de mercancías similares, las autoridades aduaneras iniciarán de oficio el ejercicio de sus facultades de comprobación. En casos donde se detecte un engaño relacionado con hidrocarburos y petrolíferos, se aplicará una multa que oscilará entre el 50% y el 100% del valor comercial de las mercancías involucradas.
Durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados el 30 de septiembre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, destacó que entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026, se implementaron soluciones digitales para optimizar procesos y mejorar la administración tributaria. Estas herramientas permitieron detectar un total de 109 mil 400 millones de litros de hidrocarburos no declarados, lo que generó una recaudación de cuatro mil 600 millones de pesos por concepto de Impuesto al Valor Agregado e Impuestos Especiales.
La reforma también contempla procedimientos para que los propietarios de empresas que importen hidrocarburos y petrolíferos puedan comprobar el pago de impuestos correspondientes y así recuperar su mercancía. Con estas medidas, el gobierno busca fortalecer la recaudación fiscal y cerrar el paso a las prácticas ilegales que afectan la economía del país.
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