México

PAN cuestiona investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico y señala posible encubrimiento

El Partido Acción Nacional acusó que la investigación oficial sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca carece de credibilidad y podría estar encubriendo responsabilidades de mayor jerarquía dentro del proyecto ferroviario.

A través de su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, el PAN sostuvo que la Fiscalía General de la República presentó de manera anticipada una versión definitiva del accidente, en la que se atribuye la causa exclusivamente a errores del personal operativo, pese a la existencia de indicios que apuntan a fallas estructurales, deficiencias técnicas y omisiones en la supervisión.

Romero subrayó que el Tren Interoceánico es operado por la Secretaría de Marina, dependencia responsable de la infraestructura, el mantenimiento, los protocolos de seguridad y la operación general del sistema. En ese sentido, consideró inaceptable que la investigación descarte desde el inicio posibles fallas institucionales o responsabilidades administrativas de alto nivel.

El dirigente panista recordó que, tras la conferencia ofrecida por la FGR el 27 de enero, comenzaron a circular fragmentos del expediente que revelan diversas irregularidades. Entre ellas se mencionan deficiencias en los sistemas de control de velocidad, equipos obsoletos, fallas de comunicación, cámaras de vigilancia fuera de servicio y condiciones deterioradas tanto en los vagones como en algunos tramos de la vía.

El PAN también advirtió que en el expediente se hace referencia a personal ferroviario que no contaba con licencias vigentes ni con exámenes médicos actualizados, una situación que posteriormente fue reconocida por la propia Secretaría de Marina.

Ante este panorama, el partido exigió la realización de un peritaje independiente y transparente, y pidió que no se proteja a ningún responsable. Consideró que judicializar únicamente a trabajadores operativos representa un intento de cerrar el caso sin esclarecer las causas de fondo del accidente.

En paralelo, la Fiscalía General de la República informó sobre la detención de Felipe de Jesús “N”, identificado como el maquinista principal del tren descarrilado. La captura se realizó el 26 de enero en Palenque, Chiapas, y fue confirmada un día después.

De acuerdo con el peritaje oficial presentado por la fiscal Ernestina Godoy, el exceso de velocidad fue la causa determinante del accidente. La investigación señala que el tren circulaba a 65 kilómetros por hora en una zona con límite de 50, alcanzando picos de hasta 111 kilómetros por hora en tramos rectos. La FGR descartó fallas mecánicas y aseguró que el sistema de frenado funcionaba correctamente.

El maquinista enfrenta cargos por homicidio y lesiones culposas. La detención ha generado controversia al coincidir con las denuncias del PAN sobre un posible encubrimiento a mandos superiores responsables de la operación ferroviaria.

México

Madres de víctimas exigen justicia en caso de guardería Gussi tras 18 meses

A 18 meses de la denuncia por presuntos casos de violencia sexual en la guardería Gussi, madres de las niñas afectadas se reunieron con la diputada María Antonieta para expresar su preocupación por la falta de avances en las investigaciones de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM). Las madres relataron que sus hijas, algunas de apenas uno, dos y tres años, estaban bajo el cuidado de la guardería cuando ocurrieron los hechos denunciados.

Las madres manifestaron que, además del dolor por lo sucedido, enfrentan la incertidumbre de un proceso que no les ha brindado la certeza de que las autoridades estén investigando con la seriedad que el caso requiere. La diputada destacó la gravedad de las afirmaciones de las madres, quienes señalaron que desde la FEM se ha sugerido que las agresiones podrían haber ocurrido fuera de la guardería, sin que se les presenten elementos suficientes que respalden dicha hipótesis.

“No se puede investigar para encontrar una explicación que exonere antes de investigar a fondo. Si hay niñas que fueron víctimas de violencia sexual, la obligación de la autoridad es esclarecer qué ocurrió, dónde ocurrió y quiénes son responsables”, afirmó la legisladora.

La diputada informó que su equipo jurídico está revisando el estado de los expedientes y que buscará la colaboración de organizaciones especializadas, como Casa Amiga, para apoyar a las familias y definir una estrategia jurídica que exija resultados a las autoridades.

Este caso pone de manifiesto una falla que trasciende el ámbito de una carpeta de investigación, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de las niñas bajo su cuidado. Cuando ocurren incidentes de esta naturaleza, también debe investigar con rigor y proteger a las víctimas.

“No podemos normalizar que unas madres tengan que tocar puertas durante año y medio para conseguir que se investigue lo que ocurrió con sus propias hijas. Las infancias no pueden esperar. Y si alguien, por omisión o negligencia, no está haciendo su trabajo, tendrá que responder por ello”, enfatizó la diputada.

La legisladora reafirmó su compromiso de acompañar a las madres desde su responsabilidad legislativa y utilizará las herramientas a su alcance para exigir que las autoridades competentes actúen con diligencia, perspectiva de infancia y enfoque de derechos humanos, hasta esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas.