El 29 de septiembre de 2026, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Andrés Atayde, presentó una iniciativa que busca establecer una “vía rápida” para resolver controversias civiles relacionadas con despojos en México. Esta propuesta tiene como objetivo garantizar una justicia más ágil y uniforme en todo el país.

Atayde propuso una reforma al Artículo 351 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sugiriendo que las controversias civiles sobre la reparación integral del daño derivado de despojos se tramiten exclusivamente a través del juicio oral. El legislador argumentó que esta excepción es necesaria debido a la urgencia del daño patrimonial que el despojo ocasiona, así como al riesgo de que el inmueble sea objeto de actos de disposición sucesivos. Además, destacó la dificultad de revertir actos registrales o jurídicos una vez consumados y la necesidad de una respuesta procesal uniforme en todo el territorio nacional.

En apoyo a esta iniciativa, el vicecoordinador de la bancada del PAN, Diego Garrido, presentó una propuesta para reformar la ley orgánica de la fiscalía local. Su iniciativa busca crear una Fiscalía Especializada en Investigación de Despojo y Delitos contra la Propiedad Inmobiliaria, que tendría carácter permanente y competencia en toda la Ciudad de México.

La propuesta de Garrido incluye la creación de capacidades especializadas de investigación, que abarcarían la participación de ministerios públicos, policías, peritos y análisis patrimonial y registral. Además, se contempla una coordinación permanente con el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

El objetivo de esta nueva fiscalía sería identificar patrones y coincidencias entre las carpetas de investigación, con el fin de detectar posibles vínculos entre personas, inmuebles, poderes, gestores, abogados, notarios e intermediarios. De esta manera, se busca superar la dispersión de carpetas entre agencias generales, mediante una instancia especializada que pueda reconstruir integralmente los hechos relacionados con el despojo, incluyendo quién obtuvo el inmueble, quién proporcionó la documentación necesaria, quién ordenó o ejecutó las acciones, quién comercializó la propiedad y quién recibió el beneficio.