El 29 de septiembre de 2026, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma constitucional que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo la nacionalidad única como requisito para ejercer como titular del Poder Ejecutivo federal o ser gobernador en alguna de las 32 entidades del país. La aprobación se llevó a cabo durante una sesión del Congreso local, actuando en su carácter de Constituyente Permanente, donde se registraron 44 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención.

La diputada Xóchitl Bravo, coordinadora de la bancada de Morena, defendió la reforma, señalando que respaldarla es una “de altísima y absoluta responsabilidad con el pueblo de México”, argumentando que responde al interés general y no a los intereses económicos de unos pocos. Por su parte, los diputados morenistas Ángel Augusto Tamariz, Roberto Castillo Cruz, Cecilia Vadillo Obregón, Alberto Martínez Urincho y Martha Ávila Ventura coincidieron en que la reforma no busca prohibir la doble nacionalidad, sino que exige a quienes aspiren a gobernar en México que garanticen su lealtad al pueblo.

En contraste, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Pérez Romero y Raúl de Jesús Torres Guerrero, se manifestaron a favor de mantener la posibilidad de la doble nacionalidad. Argumentaron que este derecho es inherente a todo mexicano, independientemente de su lugar de nacimiento o de si su nacionalidad es por elección. Afirmaron que ser binacional no disminuye la condición de mexicano y que la defensa de la soberanía no debe basarse en la eliminación de la nacionalidad.

La coordinadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), diputada Tania Larios, calificó como inaceptable la estigmatización y criminalización de los mexicanos con otra nacionalidad, considerándolos enemigos de la patria. Además, destacó la importancia de las remesas enviadas por más de 36 millones de migrantes, reconociendo su contribución a la economía nacional. La discusión sobre la reforma refleja las tensiones políticas en torno a la identidad nacional y los derechos de los ciudadanos con doble nacionalidad en México.