La organización Artículo 19 ha expresado su preocupación ante la reciente aprobación de la llamada “Ley Antimemes” por parte de la mayoría de Morena en el Senado, la cual establece penas de hasta cinco años de prisión por el uso o imitación de la identidad gráfica del Gobierno en ciertas circunstancias. Esta reforma ha sido calificada como una posible criminalización de expresiones que están protegidas por la libertad de expresión.

De acuerdo con información publicada por Reforma, Artículo 19 señala que las disposiciones de la ley son ambiguas y carecen de las salvaguardas necesarias para asegurar que no se sancionen contenidos que sean satíricos, críticos o informativos. La organización enfatizó que “la criminalización de la libertad de expresión mediante reformas penales ambiguas y carentes de salvaguardas suficientes no tiene cabida en una sociedad democrática”.

La reforma contempla penas de prisión en casos donde el uso o imitación de la identidad gráfica gubernamental esté vinculado a elementos como la escala comercial, el engaño y la intención de cometer un ilícito. Sin embargo, Artículo 19 argumenta que la definición del nuevo delito no cumple con los principios de claridad, precisión y taxatividad que son esenciales en el ámbito penal, lo que podría dar lugar a interpretaciones amplias y arbitrarias.

La organización ha alertado que estas disposiciones podrían ser utilizadas en contra de periodistas, activistas y otros individuos que utilicen elementos de la identidad gráfica gubernamental en sus contenidos, ya sean estos satíricos, críticos o informativos. La falta de claridad en la redacción de la ley, según Artículo 19, pone en riesgo expresiones que están protegidas por la Constitución.

Además, se advierte que el uso del derecho penal podría tener un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión, desalentando la participación en el debate público, incluso entre aquellos que no sean directamente sancionados. Aunque Artículo 19 reconoce que la reforma podría tener una finalidad legítima, como la prevención de fraudes, subraya que el Estado debe justificar la necesidad de imponer penas de prisión y demostrar que existen otros mecanismos no penales que sean insuficientes.