Tens de miles de personas se manifestaron en diversas ciudades de España exigiendo mayores protecciones para los inquilinos, tras la falta de aprobación de una legislación de emergencia sobre vivienda por parte del gobierno. Este sábado, se llevaron a cabo alrededor de 50 marchas en ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona. Un portavoz del Sindicato de Inquilinos de Valencia expresó: “Hay mucha ira en las calles”, refiriéndose a los enfrentamientos que se produjeron entre algunos manifestantes y la policía en la ciudad.

La propuesta de medidas presentada por el gobierno de Pedro Sánchez, de coalición de izquierda, el pasado viernes, surgió tras la indignación pública provocada por el desalojo de una mujer de 87 años de su hogar el mes pasado, debido a un aumento drástico en el alquiler que no pudo afrontar. Este desalojo desató protestas a nivel nacional, donde los manifestantes exigieron alquileres más bajos, el fin de los desalojos y una prohibición a los fondos de inversión, conocidos como “fondos buitre”, que compran propiedades.

La derrota de Sánchez en el Congreso el viernes ha intensificado las especulaciones sobre la posibilidad de que convoque elecciones generales anticipadas, que no estaban previstas hasta el próximo verano. Su gobierno de coalición, compuesto por el partido Socialista y el aliado menor Sumar, no cuenta con mayoría en el parlamento.

En Valencia, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes de policía cerca del centro de artes Palau de les Arts Reina Sofía, donde se celebraba una cumbre inmobiliaria. Según informes de medios españoles, varios manifestantes retiraron barreras y lanzaron objetos a los oficiales, quienes respondieron con balas de goma. Se reportaron nueve policías heridos y cinco arrestos.

En Madrid, una de las manifestaciones más grandes atrajo a un número de participantes que varió considerablemente; el Sindicato de Inquilinos de la ciudad estimó 500,000, mientras que las autoridades lo fijaron en 70,000. Los manifestantes portaban pancartas con lemas como “No habrá paz para el rentismo” y “Estudio para tener un futuro, no para tener un apartamento pequeño”, mientras agitaban las llaves que llevaban y coreaban: “Tenemos las llaves de toda la ciudad”.

Un manifestante, David, comentó: “No estamos aquí por placer o comodidad. Estamos aquí por convicción”. Otro participante, el bibliotecario Marcos Sainz, de 26 años, expresó que solía compartir un departamento de dos habitaciones pagando 900 euros al mes, pero que ahora un departamento de una habitación cuesta a menudo 1,000 euros.

La policía española arrestó a tres miembros de un grupo de extrema derecha que intentaron acercarse a los manifestantes en la plaza, algunos de los cuales realizaron saludos nazis. La noche del viernes, el Sindicato de Inquilinos de Madrid declaró que, aunque las medidas propuestas por el gobierno eran insuficientes, el rechazo a la legislación “exacerba la crisis de vivienda que está costando la vida a la clase trabajadora” y convocó a una huelga general por la crisis de vivienda.

La legislación presentada en el Congreso el viernes se dividió en dos decretos. El primero incluía la suspensión de desalojos de inquilinos vulnerables hasta 2030, una extensión de dos años para los contratos de alquiler que expiren antes de 2028, aumentos de impuestos para apartamentos turísticos y restricciones a la compra de propiedades residenciales por parte de los llamados “fondos buitre”. El segundo decreto incluía la renovación automática de contratos de alquiler, una demanda importante de muchos en la izquierda y del Sindicato de Inquilinos.

Los diputados rechazaron el primer decreto por 178 votos a 172 y votaron en contra del segundo por 184 a 166. Antes de la votación, el Partido Popular (PP) y Vox ya habían anunciado su oposición a ambas iniciativas, dejando al gobierno minoritario dependiendo del apoyo de pequeños partidos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco. Sin embargo, la noche anterior a la sesión parlamentaria, el partido de centro-derecha, Juntos por Cataluña (JxCat), había señalado su oposición a ambas leyes, condenándolas al fracaso.

El gobierno de Sánchez elaboró rápidamente los decretos en un intento de desactivar las protestas por la vivienda que se desataron tras el desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, en septiembre. La reacción social llevó a la empresa que posee el departamento de Abascal, Urbagestión, a negociar su regreso al departamento a un alquiler bajo. Sin embargo, las protestas han continuado.

El Banco de España estima que el país carece de 700,000 viviendas, basado en la diferencia entre la demanda y la nueva construcción. Los precios de las viviendas han aumentado un 12.2% en el último año, según cifras del segundo trimestre de 2026 del instituto nacional de estadísticas INE. La escasez de vivienda en alquiler ha provocado que los costos aumenten un 8.5% en 2025, con Madrid viendo un incremento del 9.7% en los alquileres. Barcelona y Madrid son las ciudades más caras de España para alquilar, con €23.80 por metro cuadrado y €22.70 por metro cuadrado, respectivamente.