Resto del mundo
Fuerzas rebeldes de Tigray se retiran temporalmente de Mekelle
Las fuerzas rebeldes en la región de Tigray, en el norte de Etiopía, han anunciado su retirada temporal de la capital regional, Mekelle, debido a los enfrentamientos con el ejército nacional que se están acercando a la ciudad. El Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF), que ha estado gobernando la región, tomó esta decisión por preocupaciones sobre los riesgos para los civiles.
Residentes de Mekelle informaron que las fuerzas pro-gubernamentales ahora controlan la ciudad y que los combatientes del TPLF la han abandonado. Además, se ha reportado que los servicios de telefonía móvil han comenzado a reanudarse en algunas partes de la ciudad.
En las últimas semanas, se han intensificado los combates entre el TPLF y grupos aliados contra las fuerzas gubernamentales en varias regiones del norte, incluyendo Tigray, Afar y Amhara. Este desarrollo representa un cambio significativo en el conflicto y genera preocupaciones entre los observadores sobre la posibilidad de que la lucha desestabilice aún más el Cuerno de África, potencialmente involucrando a países vecinos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha instado a todas las partes a ejercer “moderación” y a buscar el “diálogo” antes de una reunión diplomática sobre el conflicto que se llevará a cabo en Egipto con líderes de algunos de los vecinos de Etiopía. Los presidentes de Egipto, Eritrea, Somalia y Sudán, que mantienen relaciones tensas con Etiopía, se reunieron en la ciudad costera egipcia de El-Alamein.
Durante esta reunión, los líderes hicieron un llamado al “respeto por la soberanía, unidad e integridad territorial de los estados” y a la resolución de disputas mediante “medios pacíficos”. Etiopía ha acusado a Egipto, Eritrea y Sudán de apoyar a los rebeldes de Tigray, acusaciones que estos países han negado.
Los residentes de Tigray han estado intentando recuperarse de una devastadora guerra civil de dos años que concluyó en 2022, tras un acuerdo de paz mediado por la Unión Africana, conocido como el Acuerdo de Pretoria. Sin embargo, en los últimos seis meses, las relaciones entre las partes han empeorado, con acusaciones mutuas de violaciones del acuerdo.
El mes pasado, el TPLF se unió a seis otros movimientos armados, incluyendo la milicia Fano de Amhara, para formar una alianza cuyo objetivo declarado es derrocar al gobierno del Primer Ministro Abiy Ahmed. La guerra civil fue uno de los conflictos más mortales de este siglo, con estimaciones de la AU que indican que alrededor de 600,000 personas murieron debido a la lucha, que llevó a la región al borde de la hambruna.
El viernes, Etiopía y Eritrea rompieron relaciones diplomáticas después de que Addis Abeba acusara a Asmara de apoyar una nueva alianza rebelde, acusación que Eritrea ha negado. Etiopía también ha acusado a Egipto de respaldar a los rebeldes, lo que llevó a la expulsión de un diplomático egipcio, a lo que El Cairo respondió ordenando la salida de un funcionario de la embajada etíope.
La ONU ha advertido que la situación de seguridad en el norte de Etiopía está interrumpiendo gravemente el trabajo humanitario y ha llamado a todas las partes a garantizar un acceso seguro y sin obstáculos a las personas necesitadas.
Etiopía y Egipto han estado envueltos en una disputa más prolongada sobre la Gran Represa Renacimiento Etíope construida sobre el río Nilo, que El Cairo teme que reduzca su cuota de agua del río. En la reunión del domingo, los cuatro líderes reafirmaron el respeto por la soberanía y la no interferencia en los asuntos internos de los estados regionales, mientras hicieron un llamado a la adherencia al derecho internacional sobre el uso de las aguas del Nilo.
Resto del mundo
Caso de abuso en hogar para discapacitados conmociona a Corea del Sur
El caso de abuso sexual en un hogar para personas con discapacidad en Corea del Sur ha generado una fuerte indignación en el país. Seo Mi-hyeon, una mujer con discapacidad intelectual, fue una de las tres residentes que sufrieron abusos por parte del director del centro, identificado solo por su apellido, Kim. Este escándalo ha planteado serias preguntas sobre la atención estatal a personas con discapacidad.
Recientemente, un tribunal en Seúl condenó a Kim a 15 años de prisión, aunque él ha apelado la sentencia. Durante el juicio, se reveló que algunos residentes eran obligados a llamar a Kim “papá”, lo que los fiscales argumentaron que reflejaba la relación desigual entre él y los cuidadores.
Seo, quien comenzó a vivir en el hogar Saekdongwon en 2016, relató que el abuso comenzó poco después de su llegada, con Kim visitándola durante la noche para agredirla sexualmente. A través de su abogada, Seo expresó que no había adultos en el centro a quienes pudiera acudir para hablar sobre el abuso, y temía que el personal no la ayudaría.
El caso salió a la luz en febrero de 2025, cuando Seo sufrió una lesión en la cabeza durante uno de los intentos de agresión. Su madre fue informada del incidente solo después de que Seo fue atendida en el hospital. Tras este evento, Seo reveló el abuso a su madre, quien luego lo reportó a la policía.
La investigación policial se amplió a otros residentes y se encontraron al menos dos víctimas más, incluida Lee Mi-Na, quien también denunció haber sido violada por Kim. El juez consideró creíbles los testimonios de las tres víctimas, aunque la condena fue cinco años menor a la solicitada por los fiscales.
Activistas y grupos de derechos de las personas con discapacidad han criticado la sentencia, argumentando que la capacidad de una víctima para resistir un asalto no debería influir en el veredicto. Además, se cuestionó el proceso de investigación, señalando que no se identificaron a más posibles víctimas. Un informe de la Universidad Woosuk sugirió que al menos diez residentes podrían haber sido abusados, pero este hallazgo no fue abordado durante el juicio.
Los grupos de derechos han señalado que la dependencia de testimonios verbales ha llevado a que se ignoren a aquellos residentes con dificultades de comunicación. La policía, por su parte, ha reconocido que hubo fallas en algunos casos, pero sostiene que no representan la investigación en su totalidad.
El caso ha generado un debate sobre la protección de las personas con discapacidad en el sistema de cuidado estatal, y la necesidad de mejorar los mecanismos para escuchar y proteger a las víctimas.
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