El caso de abuso sexual en un hogar para personas con discapacidad en Corea del Sur ha generado una fuerte indignación en el país. Seo Mi-hyeon, una mujer con discapacidad intelectual, fue una de las tres residentes que sufrieron abusos por parte del director del centro, identificado solo por su apellido, Kim. Este escándalo ha planteado serias preguntas sobre la atención estatal a personas con discapacidad.

Recientemente, un tribunal en Seúl condenó a Kim a 15 años de prisión, aunque él ha apelado la sentencia. Durante el juicio, se reveló que algunos residentes eran obligados a llamar a Kim “papá”, lo que los fiscales argumentaron que reflejaba la relación desigual entre él y los cuidadores.

Seo, quien comenzó a vivir en el hogar Saekdongwon en 2016, relató que el abuso comenzó poco después de su llegada, con Kim visitándola durante la noche para agredirla sexualmente. A través de su abogada, Seo expresó que no había adultos en el centro a quienes pudiera acudir para hablar sobre el abuso, y temía que el personal no la ayudaría.

El caso salió a la luz en febrero de 2025, cuando Seo sufrió una lesión en la cabeza durante uno de los intentos de agresión. Su madre fue informada del incidente solo después de que Seo fue atendida en el hospital. Tras este evento, Seo reveló el abuso a su madre, quien luego lo reportó a la policía.

La investigación policial se amplió a otros residentes y se encontraron al menos dos víctimas más, incluida Lee Mi-Na, quien también denunció haber sido violada por Kim. El juez consideró creíbles los testimonios de las tres víctimas, aunque la condena fue cinco años menor a la solicitada por los fiscales.

Activistas y grupos de derechos de las personas con discapacidad han criticado la sentencia, argumentando que la capacidad de una víctima para resistir un asalto no debería influir en el veredicto. Además, se cuestionó el proceso de investigación, señalando que no se identificaron a más posibles víctimas. Un informe de la Universidad Woosuk sugirió que al menos diez residentes podrían haber sido abusados, pero este hallazgo no fue abordado durante el juicio.

Los grupos de derechos han señalado que la dependencia de testimonios verbales ha llevado a que se ignoren a aquellos residentes con dificultades de comunicación. La policía, por su parte, ha reconocido que hubo fallas en algunos casos, pero sostiene que no representan la investigación en su totalidad.

El caso ha generado un debate sobre la protección de las personas con discapacidad en el sistema de cuidado estatal, y la necesidad de mejorar los mecanismos para escuchar y proteger a las víctimas.