El gobierno federal ha manifestado su intención de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), sin embargo, las políticas fiscales implementadas están afectando su flujo de efectivo, un recurso vital para su supervivencia. Desde 2026, las plataformas digitales están obligadas a descontar un porcentaje de las operaciones realizadas por ciertos vendedores, incluyendo a las personas morales. Este descuento consiste en un 2.5% por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y, en el caso de ventas gravadas a la tasa general, un 8% del valor de la venta antes del impuesto, correspondiente a la mitad del IVA.

Es importante destacar que una retención no necesariamente equivale al impuesto definitivo, ya que dependiendo de la situación fiscal de cada empresa, estos recursos pueden ser acreditados o solicitados en devolución. Sin embargo, el problema radica en que la Secretaría de Hacienda cobra de inmediato, mientras que el contribuyente debe esperar para recuperar lo que ha pagado en exceso. Durante este tiempo, aunque el saldo a favor se refleja en la contabilidad, no está disponible en efectivo, lo que impide a las Pymes cubrir gastos operativos como salarios, compra de inventario o pagos a proveedores.

Para las empresas grandes, esta espera puede ser manejable gracias a sus reservas y acceso a crédito, pero para las Pymes, que dependen del ingreso de una venta para financiar la siguiente, puede resultar en endeudamiento o incluso en el cierre del negocio. Esta situación plantea una paradoja: un pequeño empresario podría terminar pagando intereses para sustituir el dinero que el fisco le retuvo.

Esta política, aprobada por el Congreso y ejecutada por la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), requiere una evaluación más profunda que considere el impacto en la liquidez y continuidad de los negocios tras las retenciones. Datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) revelan que el 77% de los empresarios encuestados reportó afectaciones en su liquidez, mientras que el 68% indicó que dispone de menos capital para reinvertir. Solo el 3% había logrado recuperar su saldo a favor de IVA al momento de la encuesta, y el 44% consideraba dejar de vender a través de plataformas digitales.

Las métricas indican que entre el 15% y el 30% de los vendedores dejó de publicar en el primer trimestre de 2026, y entre los que permanecieron activos, entre el 20% y el 52% reportó menores ingresos en comparación con el año anterior. Aunque no se puede afirmar que todas las disminuciones de ventas sean consecuencia directa de las retenciones, sí es una señal que debe llevar a Hacienda a investigar y publicar resultados sobre los efectos de esta política.

La AMVO ha propuesto reducir las retenciones a un 1% de ISR y un 2% de IVA, así como crear un certificado temporal de exclusión para contribuyentes con saldos a favor recurrentes. Además, se requiere que Hacienda revise las tasas y evalúe los efectos económicos de las retenciones, mientras que el SAT debe acelerar las devoluciones y simplificar los requisitos. Las plataformas digitales, por su parte, deben facilitar las conciliaciones y transparentar los descuentos aplicados.

El éxito de una política tributaria no debe medirse únicamente por la cantidad de dinero recaudado, sino también por la cantidad de empresas que logran mantenerse operativas, reinvertir y crecer en un entorno económico cada vez más desafiante.