Un informe presentado por la red civil Unidas revela que solo el 1% de las más de 2.3 millones de trabajadoras del hogar en México cuenta con un contrato de trabajo por escrito. Esta situación pone de manifiesto que el 96.6% del sector sigue sumido en la informalidad, a pesar de los avances legislativos logrados en los últimos años.

El documento titulado ‘Sosteniendo el cambio: Por un trabajo justo para las trabajadoras del hogar en México’ fue dado a conocer este martes. Según el informe, aunque entre 2018 y 2023 se declaró inconstitucional la exclusión del Seguro Social y se estableció la obligatoriedad de la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estos cambios aún no se han traducido en condiciones laborales dignas para las trabajadoras.

De acuerdo con el estudio, en el país hay 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar, de las cuales el 90% son mujeres, lo que representa el 10% del total de mujeres trabajadoras en México. Néstor Genis, coordinador de Inclusión en la organización Ethos y autor del informe, advirtió sobre la desconexión entre las reformas legislativas y la realidad cotidiana de las trabajadoras. “La gran mayoría de las trabajadoras no están viendo reflejada toda esta nueva legislación en condiciones laborales dignas con trabajo justo; la gran mayoría sigue en la informalidad”, afirmó Genis.

El informe también destaca que la afiliación obligatoria al IMSS se encuentra estancada, con apenas 60,000 personas registradas, lo que representa menos del 3% del total del sector. Además, se estima que la evasión de las cuotas patronales al IMSS genera una pérdida anual de 56,671 millones de pesos, lo que actúa como un “subsidio institucional” en beneficio de los empleadores, a expensas de la vulnerabilidad de las trabajadoras.

El estudio señala fallas en el esquema de aseguramiento “por día”, que limita el acceso a atención médica solo a los días contratados y registrados. María de la Luz Padua, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, cuestionó las barreras institucionales que afectan la salud de quienes desempeñan este oficio. “La seguridad social no puede depender de cuántos días a la semana trabajamos en una misma casa. Las leyes no pueden partir de una trabajadora ideal, tienen que responder a nuestra realidad”, sostuvo Padua.

El informe también expone una brecha salarial de género del 34.8% en detrimento de las mujeres, además de una marcada segregación en el sector, donde los hombres suelen realizar tareas mejor remuneradas y tienen una tasa de contratación escrita del 9%, en comparación con el 1% de las mujeres.

Entre las recomendaciones de Unidas se incluyen la implementación de subsidios, vigilancia a los contratadores y la aplicación de sanciones a quienes evadan impuestos. A pesar de los avances legales iniciados en 2018 con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019, la brecha sigue afectando a más de dos millones de familias en el país.