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Política

Avanza en Cámara de Diputados reforma catastral

Avanza en Cámara de Diputados reforma catastral

El pleno de la Cámara de Diputados se encuentra en discusión sobre un proyecto de decreto que tiene como objetivo fortalecer la gestión de los catastros y registros públicos de la propiedad en las entidades federativas. Se espera que, con el apoyo de los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), el dictamen sea aprobado en esta madrugada y posteriormente enviado al Senado para continuar con el proceso legislativo correspondiente.

Durante el inicio del debate, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) expresaron su oposición, argumentando que la reforma ignora el principio del federalismo y tiene un enfoque recaudatorio. En respuesta, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del PT y presidente de la Comisión Anticorrupción, defendió la propuesta, asegurando que permitirá combatir de manera efectiva la corrupción en el sector inmobiliario.

La reforma, impulsada por el gobierno federal, busca expedir una legislación general que armonice y homologue la organización y funcionamiento de los catastros municipales y de los registros públicos inmobiliarios. Desde la bancada de Morena, se argumentó que el proyecto establece las bases, principios, criterios y mecanismos de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, con el fin de fortalecer, modernizar, homologar y actualizar los catastros y registros públicos de la propiedad.

Entre las principales acciones que se prevé implementar se encuentran la creación e instrumentación del Plan Nacional Catastral y del Plan Nacional Registral. Estos planes estarán compuestos por herramientas estandarizadas, tales como la Clave Única Catastral, la Cédula Única Catastral y Registral, así como las Plataformas Digitales de gestión y el mecanismo de autenticación e identificación digital conocido como Llave MX. La aprobación de esta reforma es vista como un paso significativo hacia la modernización de los procesos catastrales y registrales en el país.

Política

Senado aprueba reforma de nacionalidad única para candidatos a presidencias

Senado aprueba reforma de nacionalidad única para candidatos a presidencias

El 7 de octubre de 2026, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional que establece la nacionalidad única para los aspirantes a las gubernaturas y a la Presidencia de la República, tras recibir el respaldo de 22 congresos estatales. Esta reforma fue enviada al Diario Oficial de la Federación para su formal entrada en vigor, aunque su aplicación como criterio para las candidaturas se implementará por primera vez en el año 2028, y será obligatoria para las elecciones presidenciales de 2030.

Los congresos estatales que votaron a favor de esta reforma incluyen a Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. Sin embargo, el Congreso del estado de Hidalgo no ha enviado su voto aprobatorio, a pesar de que la reforma fue aprobada desde el jueves de la semana pasada.

La nueva disposición constitucional establece que para ser Presidente de la República o gobernar una entidad federativa en México, es necesario ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, estar en pleno goce de los derechos, ser hijo o hija de padre o madre mexicanos, no tener ni adquirir otra nacionalidad, y en caso de poseerla, renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidato. Además, se requiere haber residido en el país durante al menos veinte años.

La reforma también prohíbe a quienes ejerzan el cargo adquirir o solicitar otra nacionalidad, así como invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana. Esta prohibición incluye el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otros estados, el ejercicio de derechos políticos ante estas autoridades y el acogerse a la protección diplomática de otro país.

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