El sistema penitenciario en México enfrenta un deterioro significativo, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, presentado recientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Este informe indica que 177 cárceles en el país obtuvieron calificaciones entre cero y 5.9 en una escala de 10, lo que implica que dos de cada tres prisiones carecen de condiciones básicas de gobernabilidad, seguridad e higiene.

La situación no es uniforme en todas las instituciones, ya que 175 de las 177 cárceles reprobadas son administradas por los gobiernos estatales, cuyos promedios de calificación oscilan entre 4.37 y 5.94 puntos. Solo las entidades de Aguascalientes, Colima, Michoacán y Querétaro lograron que sus recintos se ubicaran fuera de las métricas reprobatorias.

El informe también destaca la grave problemática de hacinamiento, con sobrepoblación identificada en 129 prisiones locales y hacinamiento en otras 124. Además, se señala que en el 77% de los espacios penitenciarios no se proporciona atención médica oportuna. En un alarmante 98.9% de los centros estatales, se observan fallas en la clasificación, al mezclar a personas procesadas con aquellas ya sentenciadas.

Durante las visitas de supervisión, el personal de la CNDH recopiló testimonios que reflejan la dura realidad de la vida en las cárceles. Un interno expresó: “Aquí si no pagas por la celda, duermes en el pasillo junto a los baños. La autoridad no manda, mandan los de adentro.” Esta declaración pone de manifiesto la falta de control y la corrupción que prevalecen en el sistema.

Asimismo, las revisiones a los visitantes revelaron quejas de familiares y defensores de derechos humanos. Una abogada comentó: “Nos tratan como si nosotras también estuviéramos pagando una condena; nos desnudan y extorsionan solo por querer ver a nuestros familiares.” Estas quejas evidencian la falta de respeto a los derechos de los visitantes y la necesidad urgente de reformas en el sistema penitenciario mexicano.