México
Dictan prisión preventiva a Iván Cazarín, alias “El Tanque”
Iván Cazarín Molina, conocido como “El Tanque”, permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano” tras la decisión de un juez de control que le impuso prisión preventiva oficiosa. Esta medida se tomó luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara una imputación en su contra, la cual se mantendrá vigente mientras avanza el proceso penal.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal expuso la probable responsabilidad de Cazarín Molina en delitos de delincuencia organizada con el objetivo de cometer ilícitos contra la salud, así como en la portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
El juez calificó como legal la detención de “El Tanque” tras evaluar los argumentos de los fiscales de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quienes presentaron los elementos necesarios ante la autoridad judicial en esta fase inicial del procedimiento.
La defensa de Cazarín Molina solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará el próximo 13 de octubre, momento en el que se resolverá su situación jurídica. Hasta entonces, permanecerá bajo prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, ubicado en el Estado de México.
La detención de “El Tanque” se llevó a cabo en días recientes en Zapopan, Jalisco, como resultado de un operativo que involucró a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR. Esta intervención fue el resultado de trabajos de inteligencia realizados por las autoridades.
Cazarín Molina es identificado como un probable operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con actividades delictivas en estados como Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Puebla. Esta identificación forma parte de las líneas de investigación que se están llevando a cabo en relación con su presunta participación en la organización criminal.
México
Exdirector de Pemex obtiene suspensión condicional por violencia familiar
Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha logrado la suspensión condicional a proceso, evitando así un juicio penal y una posible condena por el delito de violencia familiar en agravio de su exesposa, María Felicia Jiménez Lavie. Este caso se hizo público en junio pasado, cuando Jiménez Lavie difundió un video en redes sociales en el que se observa al exfuncionario maltratándola y golpeándola frente a su pequeño hijo en su domicilio en el municipio de Emiliano Zapata.
A raíz de la difusión del video, la Fiscalía de Morelos inició una carpeta de investigación, lo que llevó a la detención de Rodríguez Padilla el 7 de julio en la Ciudad de México. Posteriormente, fue trasladado para comparecer ante una juez, quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el penal de Atlacholoaya.
Días después, el exdirector fue vinculado a proceso, y a solicitud de su defensa, la juez de control, Adriana Correa Ortiz, le permitió enfrentar el proceso en libertad. Al salir del penal, el abogado del imputado manifestó su intención de llegar a un acuerdo con la víctima y se disculpó públicamente por el comportamiento de Rodríguez Padilla.
En una audiencia celebrada el jueves en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, las partes involucradas acordaron una salida alterna para evitar un juicio oral y una posible condena por el delito de violencia familiar. La juez concedió la suspensión condicional a proceso, estableciendo un plan de reparación del daño y diversas condiciones que el exdirector de Pemex deberá cumplir.
Para que la suspensión condicional prevalezca, Rodríguez Padilla deberá pagar a la víctima 120 mil pesos como reparación del daño, así como 14 mil pesos mensuales en concepto de pensión alimenticia. Además, deberá iniciar un tratamiento psicológico y cumplir con medidas cautelares, que incluyen la restricción de acercarse a la víctima y la obligación de firmar periódicamente en el juzgado.
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