La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha decidido modificar su protocolo de respuesta ante amenazas, dejando de lado los desalojos automáticos que se implementaban anteriormente. Esta decisión se tomó tras la evaluación de que una respuesta generalizada podría generar caos y zozobra en la comunidad universitaria, así como incentivar la realización de falsas alertas. En su lugar, cada amenaza será sometida a un análisis de riesgo para determinar si es necesario evacuar un edificio, un área o un plantel completo.

El encargado de seguridad de la UNAM informó que las amenazas han disminuido en un 80 por ciento en el último año. Durante los primeros cuatro meses del periodo reportado, se registraron un total de cuatro amenazas, de las cuales ninguna ocurrió en enero ni febrero, tres en marzo y una en abril, todas resultando ser falsas. Recientemente, el 28 de septiembre y el 1 de octubre, se reportaron amenazas en las preparatorias 7 y 6, respectivamente.

Esta nueva estrategia contrasta con la situación de emergencia que vivió la universidad en el otoño de 2025, tras el asesinato de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur. En ese periodo, las amenazas se multiplicaron, incluyendo falsas alertas de bomba, lo que llevó a varios planteles a realizar desalojos, suspender actividades y optar por clases en línea.

Ante cada reporte de amenaza, la UNAM llevará a cabo una evaluación para determinar las medidas necesarias. Según el funcionario, esto puede incluir la intervención de equipos de bomberos y binomios caninos de la universidad, así como la colaboración con autoridades locales cuando las circunstancias lo requieran.

El encargado de seguridad enfatizó que la decisión de evacuar depende de las características de cada caso y del riesgo identificado, y no únicamente de la existencia de una amenaza. Desde que asumió el cargo, ha asegurado que no ha sido necesario evacuar completamente ninguna instalación universitaria debido a alertas de este tipo.

El objetivo de esta nueva política es responder de manera proporcional a las amenazas, sin minimizar los reportes ni provocar movilizaciones innecesarias, buscando así garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.