El 14 de octubre de 2026, las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron con 21 votos a favor y cinco en contra la nueva ley que establece la Clave Única Catastral. Esta legislación tiene como objetivo crear un registro electrónico nacional de todas las propiedades inmuebles en el país, asegurando que no se convalide el despojo de bienes inmuebles.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, destacó que esta reforma “pondrá en definitiva” orden en el registro de propiedades, mejorará el funcionamiento de las instituciones involucradas en estos procesos y subsanará deficiencias que han propiciado actos de corrupción en el pasado.

Valdez Martínez también mencionó que, a diferencia de lo que han expresado algunos legisladores, los presidentes municipales de México han mostrado su acuerdo con las modificaciones al sistema catastral que propone el nuevo ordenamiento. La senadora recordó que no se han realizado cambios significativos en la legislación de registro de propiedad en más de 90 años.

Por otro lado, el senador Néstor Camarillo Medina, del partido Movimiento Ciudadano, expresó su preocupación sobre el proyecto de decreto, argumentando que, aunque busca modernizar los trámites, no se consideró la opinión de los alcaldes del país. Camarillo advirtió que existe el riesgo de invadir la autonomía municipal y de concentrar la información sobre la propiedad de los ciudadanos en un solo lugar.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que la nueva ley permitirá identificar discrepancias entre los registros existentes y facilitará la corrección de posibles errores, siguiendo los procedimientos legales correspondientes.

La ley establece que la asignación de la Clave Única Catastral no constituirá, por sí misma, prueba plena de propiedad, posesión, superficie o colindancias, ni convalidará actos nulos o irregulares, así como el reconocimiento, constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos de propiedad o posesión sobre un predio o una unidad inmobiliaria.