El 14 de octubre de 2026, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó el Diagnóstico 2025, donde se advierte que, a pesar de los avances en la supervisión de los recintos migratorios, el sistema de atención del Instituto Nacional de Migración (INM) continúa presentando serias deficiencias que afectan los derechos humanos de las personas migrantes.

El informe revela un panorama crítico en el que la saturación de servicios, la falta de defensa jurídica y la permanencia de un modelo con características carcelarias contribuyen al “atrapamiento” de miles de migrantes en las fronteras sur y norte del país.

Uno de los principales problemas identificados es la vulneración sistemática del debido proceso, ya que un alto porcentaje de las personas retenidas desconoce su situación jurídica, las opciones de retorno asistido y las vías para impugnar resoluciones administrativas.

Además, se señala la insuficiente orientación para solicitar refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) o para denunciar delitos, así como el acceso consular prácticamente inexistente en las estancias migratorias.

En el ámbito de la salud, aunque se han habilitado áreas para consultas médicas, el diagnóstico indica que muchas instalaciones carecen de personal médico asignado de manera permanente. Los servicios de atención psicológica y odontológica se ofrecen de forma reactiva, mediante canalizaciones a instituciones públicas externas.

Las deficiencias en la infraestructura también afectan la dignidad de los migrantes. Estancias provisionales en lugares como Nuevo Laredo, Tijuana, Querétaro y San Pedro Tapanatepec han recibido evaluaciones reprobatorias o insuficientes. En Tapanatepec, por ejemplo, severas infiltraciones llevaron a la suspensión temporal de actividades en agosto de 2025, mientras que recintos en Mexicali y Chihuahua han cerrado de manera definitiva.

La CNDH también alertó sobre la presencia de infraestructura de tipo penitenciario, como barrotes y cerrojos en Tampico, que contravienen las normas de protección civil, así como la falta de adecuaciones para personas con discapacidad.