El Senado de la República aprobó el dictamen para expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, con el objetivo de modernizar y homologar los sistemas catastrales y los registros públicos de la propiedad en México. Esta ley busca establecer mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, según un comunicado emitido por la cámara.

Entre las principales disposiciones de la ley se encuentra el Plan Nacional Catastral, que definirá directrices y acciones para impulsar el desarrollo y la modernización de los sistemas catastrales en todo el país. Además, se establece la Clave Única Catastral para identificar los inmuebles y la Cédula Única Catastral y Registral, que reunirá los datos básicos para identificar y ubicar cada predio.

La ley, que ha sido remitida al Ejecutivo federal, también implementa la Plataforma Catastral Municipal, la cual funcionará como un mecanismo de coordinación tecnológica entre la federación, las entidades federativas y los municipios, con el fin de fortalecer y modernizar la cartografía.

Lilia Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Gobernación, destacó que la ley busca brindar mayor seguridad jurídica sobre los inmuebles, proporcionando información más confiable sobre sus propietarios, características y situación registral. Asimismo, se impulsa la transparencia inmobiliaria y la digitalización de los servicios, sin invadir la autonomía de los municipios ni centralizar la recaudación del impuesto predial, que seguirá siendo responsabilidad de los municipios.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, subrayó que la ley establecerá criterios comunes para facilitar el intercambio de información entre las autoridades catastrales y registrales, permitiendo detectar y corregir inconsistencias en los registros conforme a la legislación vigente. “La reforma fortalecerá la capacidad de respuesta para la población, a efecto de que la tecnología facilite derechos, mejore los servicios públicos y sirva a quienes más necesitan instituciones eficientes”, puntualizó.

El senador panista Miguel Márquez Márquez enfatizó que la modernización de los sistemas de catastro no solo debe enfocarse en agilizar los trámites, sino también en garantizar la protección de la información y los derechos de los ciudadanos. Por su parte, el priista Gabriel Elizondo Pérez advirtió que la modernización no debe ser un pretexto para centralizar decisiones desde la federación, y que se requerirán más recursos para que los municipios asuman sus nuevas responsabilidades de digitalización y capacitación.

Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo, defendió que la ley busca subsanar inconsistencias en materia catastral y facilitar su corrección sin alterar los derechos de propiedad. Finalmente, el emecista Néstor Camarillo Medina advirtió que el ordenamiento podría convertirse en una carga para los municipios, quienes necesitarán tiempo y recursos para adaptarse a las nuevas exigencias.