La digitalización de los pagos en México enfrenta riesgos que podrían profundizar las brechas de inclusión financiera, según un análisis del centro de investigación México Evalúa. Este informe advierte que la Ley de Economía Digital, actualmente en discusión, podría excluir a trabajadores informales, personas mayores y comunidades rurales si se implementa sin las condiciones adecuadas de acceso a internet y servicios bancarios.

El análisis titulado “Digitalizar los pagos en México: una oportunidad para la Ley de Economía Digital” señala que la iniciativa permitiría a la Secretaría de Hacienda determinar los sectores y actividades en los que los pagos digitales serían obligatorios, sin garantizar que la población y los negocios cuenten con las herramientas necesarias para adoptarlos. En México, el efectivo sigue siendo el medio de pago predominante; la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 revela que el 85.2% de los adultos utiliza efectivo para compras de hasta 500 pesos, y el 73.5% para montos superiores. Asimismo, el 86% de las microempresas acepta efectivo, en comparación con el 58% de las grandes empresas.

A pesar de contar con herramientas como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), CoDi y DiMo, su disponibilidad no asegura su uso generalizado. México Evalúa identifica un problema de coordinación entre consumidores y comercios, donde los negocios tienen pocos incentivos para aceptar pagos digitales si sus clientes continúan utilizando efectivo. Esta situación afecta la inclusión financiera, ya que el 52% de los trabajadores informales carece de acceso a servicios financieros, en contraste con el 11% de los trabajadores formales.

Uno de los principales señalamientos del análisis es que la iniciativa no condiciona la obligatoriedad de los pagos digitales a garantías previas de conectividad, ciberseguridad y capacitación. México Evalúa sugiere que antes de restringir el uso de efectivo, las autoridades deben asegurar que existen servicios financieros accesibles y una infraestructura digital adecuada. Además, los plazos establecidos para implementar la medida podrían ser insuficientes, ya que contemplan solo 15 días hábiles para que Hacienda determine los sectores afectados y otros 15 días para que se emitan las reglas de transición.

El informe también destaca la falta de claridad en los indicadores que determinarían si una región o sector está preparado para operar exclusivamente con pagos digitales, así como la ausencia de un mecanismo definido para que las personas afectadas presenten reclamaciones. México Evalúa subraya la necesidad de establecer reglas claras sobre el tratamiento de datos personales y la supervisión de las operaciones para evitar incidentes de seguridad que debiliten la confianza en el sistema.

Para mitigar estos riesgos, se propone una transición gradual que priorice incentivos sobre prohibiciones, incluyendo beneficios fiscales y periodos de adaptación para los negocios. También se sugiere establecer estándares de interoperabilidad y fortalecer los mecanismos de protección y reclamación. El análisis concluye que la Ley de Economía Digital podría ser una oportunidad para mejorar la inclusión financiera, pero su éxito dependerá de un diseño y aplicación adecuados que consideren las condiciones de acceso y capacitación necesarias.