La reciente aprobación de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral por parte del Congreso de México tiene como objetivo mejorar la certeza jurídica en la propiedad de terrenos, lo que podría facilitar la inversión en el país. Esta ley, que ha pasado desapercibida en el debate público, busca resolver problemas comunes que enfrentan los inversionistas, como la falta de claridad sobre la propiedad de los terrenos y las inconsistencias entre el catastro municipal y el Registro Público de la Propiedad.

En México, la recaudación por impuesto predial es de apenas 0.2% del PIB, en comparación con 0.8% en Chile y 2.5% en Estados Unidos. Además, solo el 41% de los aproximadamente 2,000 catastros en el país cuenta con información básica sobre las propiedades, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Esta falta de información precisa dificulta la planificación del crecimiento y la atracción de inversiones.

La nueva ley establece una Clave Única Catastral para cada predio, que se vincula al folio real del Registro Público, creando una Cédula Única Catastral y Registral. Esto no solo es un cambio técnico, sino que también obliga a los catastros y registros a intercambiar información y corregir inconsistencias, lo que reduce el riesgo de doble venta y acelera los procesos de debida diligencia.

Otro aspecto importante de la ley es la homologación de trámites, que busca simplificar el proceso de inscripción de propiedades en diferentes estados. Actualmente, una empresa que opera en varios estados enfrenta diversas normativas, pero con la nueva legislación, se espera que los requisitos y tiempos sean uniformes en todo el país, reduciendo los trámites catastrales de 22 a 8 y los de registro de 22 a 6. Además, los tiempos de resolución registral se reducirían de 10 a 3 días.

La digitalización de los trámites también es un componente clave, ya que permitirá que los procesos realizados en plataformas digitales tengan la misma validez jurídica que los presenciales. Esto facilitará el acceso a la información y la realización de trámites para los inversionistas.

Es importante destacar que la ley no establece tasas ni valores catastrales, lo que sigue siendo responsabilidad de los ayuntamientos y congresos locales. Sin embargo, proporciona información confiable que permitirá a los gobiernos tomar decisiones más informadas.

La certeza sobre la propiedad es fundamental para atraer inversiones a largo plazo, especialmente en sectores como el nearshoring, la vivienda, el turismo y la logística. Además, un inmueble con un registro claro se convierte en una mejor garantía para el crédito, lo que puede facilitar el financiamiento para muchas familias.

La ley establece plazos exigentes para su implementación, con plataformas que deben estar operativas a partir del 1 de enero de 2027 y los congresos locales tienen 180 días para armonizar su marco legal. Los gobiernos que comprendan el potencial de esta ley podrán utilizarla como un argumento de venta para atraer inversiones, mientras que aquellos que la vean como una carga podrían perder oportunidades significativas.