La cancelación del proceso de Francisco Garduño, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), representa un «fraude procesal” y una “simulación institucional» de aplicación de la justicia, denunció la representación jurídica de las víctimas de la tragedia de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y 27 resultaron heridos.

En entrevista Marcos Zavala, abogado e integrante de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), asociación civil que acompaña legalmente a víctimas y sobrevivientes de incendio en la estación migratoria, advirtió que el caso no está cerrado ni la decisión es definitiva, por lo que presentarán un recurso de apelación para revertir el fallo.

Luego de que el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón decretó el fin del proceso penal al dar por cumplidos los requisitos condicionales interpuestos a Garduño, el penalista sostuvo que el “fraude” consistió en un engranaje de impunidad entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el propio Poder Judicial de la Federación para facilitarle a Garduño una salida por la “puerta trasera”.

Detalló que la FGR utilizó un “copy-paste” textual de la misma acusación y de la misma carpeta para los 11 imputados del caso, pero reservó un criterio diferenciado para beneficiar a los dos altos funcionarios del INM: Francisco Garduño y Antonio Molina.

Mientras a nueve servidores públicos y a guardias de seguridad se les vinculó a proceso por 40 homicidios y 27 personas lesionadas manteniéndolos en prisión preventiva, a Garduño y a Molina, entonces segundo al mando, únicamente se les fincó el cargo de ejercicio ilícito del servicio público.

Zavala enfatizó que la responsabilidad no recae sólo en la FGR, sino también en el juez Hernández Calderón, quien tenía las atribuciones para verificar los hechos expuestos en la audiencia y reclasificar el delito para que ambos funcionarios fueran procesados por las muertes y las lesiones de los migrantes.

Sin embargo, el juzgador declinó actuar como contrapeso, omitió garantizar el equilibrio procesal y terminó avalando la suspensión condicional del proceso, pasando por alto que 20 víctimas y familiares acudieron a la audiencia para oponerse abiertamente al carpetazo.

El litigante denunció además la complicidad institucional de la CEAV para consumar esta “simulación” de aplicación de la justicia, pues el organismo de la Secretaría de Gobernación asumió una “representación fantasma” de las víctimas y protegió los intereses del extitular del INM.

“Todavía no podríamos considerar que el proceso ha sido plenamente cerrado, sí es, digamos, un paso que él dio hacia ese camino de salir por la puerta trasera, de no enfrentar un proceso, pero seguiremos insistiendo en que lo enfrente”, afirmó.

Actualmente Garduño es funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum; Molina se encuentra en prisión y enfrenta proceso por la tragedia en Ciudad Juárez.

Sin embargo, su detención por parte de la FGR derivó directamente de una investigación por sus presuntos nexos con Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón.

La defensa y DHIA confirmaron que la estrategia para tirar la exoneración se mantendrá en tres vías inmediatas: la apelación ante el Centro de Justicia Penal Federal, la resolución de 13 juicios de amparos pendientes de ser resueltos, entre ellos contra la suspensión condicional, y la exigencia de que la FGR abra nuevas líneas de investigación por delitos graves que siguen impunes.