México enfrenta el riesgo de perder su grado de inversión hacia mediados de 2028, lo que podría encarecer el financiamiento para empresas y hogares, dificultando el acceso a vivienda y educación. Esta advertencia fue realizada por Mariana Campos, directora general de la organización México Evalúa, quien identificó esta eventual pérdida como el principal riesgo macroeconómico del país para los próximos dos años.

La economista señaló que entre los factores que amenazan el grado de inversión se encuentran la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y las presiones fiscales. El grado de inversión es un indicador que clasifica a los países con un perfil de riesgo crediticio relativamente bajo. Actualmente, México mantiene este estatus con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana, aunque Moody’s y Fitch lo sitúan en el último escalón de esta categoría, con calificaciones de Baa3 y BBB?, respectivamente, ambas con perspectiva estable. Por su parte, S&P Global mantiene una calificación de BBB, a solo dos escalones de quedar fuera de esta categoría, con perspectiva negativa.

Durante su participación en el Encuentro Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Campos explicó que un encarecimiento del financiamiento gubernamental se trasladaría a empresas y personas, lo que tendría consecuencias negativas para la inversión y la movilidad social. “El capital para tu empresa va a ser más caro. Pedir un préstamo para escalar tu negocio va a ser más caro”, advirtió. Además, destacó que el aumento en los costos de financiamiento afectaría la posibilidad de financiar estudios o adquirir una vivienda, beneficiando principalmente a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos, quienes tendrían más alternativas para mitigar estos efectos.

Entre los riesgos que mencionó, Campos destacó la situación de Pemex, señalando que la reducción en la proporción de crudo exportado debilita sus ingresos y aumenta su dependencia de transferencias gubernamentales. También cuestionó la política fiscal actual, que prioriza la recaudación inmediata sin atender adecuadamente sus efectos sobre la confianza, la inversión y la formalidad económica.

A pesar de estos desafíos, Campos reconoció que un mayor crecimiento y una mayor certidumbre sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) podrían favorecer la evaluación crediticia del país. Sin embargo, instó a aprovechar el año 2027 para discutir cambios fiscales que promuevan la inversión, la productividad y el empleo formal.

Finalmente, alertó sobre una caída superior al 5% en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el estancamiento de los ingresos tributarios hasta agosto, y propuso reducir gradualmente los impuestos sobre nómina, así como fortalecer la recaudación predial y los gravámenes ambientales a vehículos. También sugirió revisar los incentivos fiscales para fomentar la inversión y el crecimiento de pequeños negocios, con el objetivo de generar empleo formal.