Guadalupe Taddei, ex presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), fue víctima de extorsión por parte de José Alfredo Hernández Casillas, quien le exigió una suma millonaria para no revelar supuestas irregularidades en su gestión. La extorsión se intensificó tras la decisión de Taddei de distanciarse del empresario y reducir los contratos en los que participaba.

De acuerdo con información recabada, Hernández Casillas solicitó a Taddei una cantidad inicial de decenas de millones de pesos. Sin embargo, al no recibir la cantidad solicitada, para enero de 2026, la suma exigida se multiplicó por diez. El empresario argumentó que el dinero era necesario para evitar que se hicieran públicas las grabaciones que poseía, en las que Taddei y varios de sus colaboradores aparecían junto a él y a ganadores de licitaciones.

Desde el último trimestre de 2025, Taddei dejó de asistir al centro de operaciones de Hernández, ubicado en Picacho 259. A partir de ese momento, el empresario comenzó a realizar reuniones con personal del INE en la casa de su exesposa, Cibeles Marín, y en la residencia de una de sus hijas, ambas ubicadas en la colonia Pedregal.

Este cambio de sede se debió a que Hernández Casillas decidió apartar a los hijos de Taddei de las operaciones, quienes anteriormente habían colaborado con él en algunos contratos. Según una fuente consultada por Grupo Imagen, los hijos de Taddei solo recibieron “regalos” como viajes a París, automóviles y departamentos de lujo, pero no obtuvieron dinero de las comisiones por los contratos que se otorgaron con sobreprecio.

La situación ha generado un fuerte escándalo en el ámbito político y electoral, poniendo en tela de juicio la integridad de las operaciones del INE y la relación entre sus funcionarios y empresarios. La extorsión y las presuntas irregularidades en los contratos han llevado a un llamado a la transparencia y a la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.