El 10 de noviembre de 2026, la diputada local Patricia Urriza, del partido Movimiento Ciudadano, denunció que aproximadamente 35 mil trabajadores de dependencias del gobierno de la Ciudad de México laboran en condiciones precarias, sin contrato de trabajo, sin acceso a seguridad social y, en algunos casos, sin uniforme, el cual deben adquirir por su cuenta. Durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del congreso local, Urriza solicitó a la secretaria del Trabajo de la Ciudad de México, Inés González, que se tomen medidas para regularizar la situación de estos empleados.

González, al ser cuestionada sobre este tema, indicó que aquellos que se encuentren en esta situación pueden buscar asesoría en la dependencia. Sin embargo, la interacción con los medios de comunicación fue complicada. Al finalizar la comparecencia, los reporteros intentaron realizar preguntas a la funcionaria, pero el diputado local de Morena, Juan Rubio Gualito, les pidió que se alejaran del área, dificultando el acceso a la información.

A pesar de la resistencia, los periodistas lograron realizar algunas preguntas, mientras González respondía amablemente. Urriza detalló que de los 35 mil trabajadores en condiciones precarias, 11 mil pertenecen al sector cultural, 6 mil son parte de Pilares, 3 mil de Utopías, 7 mil están involucrados en programas sociales, mil 500 son parte de Ponte Pila y 10 mil son trabajadores ‘voluntarios’ de limpieza.

Durante la comparecencia, la diputada Lizzete Salgado, del PAN, presentó un caso específico que refleja la situación de estos trabajadores. Leyó una carta firmada por Mariana Ascensión Quiroz, quien colabora en el gobierno de la Ciudad de México a través de programas sociales. En la misiva, Quiroz expone que en estos programas se les trata como trabajadores sin reconocimiento de sus derechos, careciendo de seguridad social, salario digno y protección, además de ser obligados a usar un uniforme de color guinda que tiene connotaciones proselitistas, lo que se suma a una situación de violencia económica y laboral institucional.