Cuatro peritos internacionales, tres de Colombia y uno de Costa Rica, arribaron a Ciudad Juárez «a fin de continuar con el cumplimiento de los resolutivos de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CoIDH) en el caso Campo Algodonero», entre los que se cuentan dar con los responsables del múltiple homicidio ocurrido el 6 de noviembre de 2001, informó la Fiscalía general del Estado (FGE).
Los especialistas, avalados por la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno Federal se sumarán a las investigaciones que realiza personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delitos por Razones de Género para lograr el esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la recomendación de la CoIDH, difundió la FGE.
Con la participación de los investigadores extranjeros «se busca también remover obstáculos de hecho y de derecho para lograr una debida investigación, usando todos los medios disponibles para tal fin, buscando investigaciones y procesos judiciales expeditos y la no repetición de omisiones o tardanzas injustificadas».
Fue el 10 de diciembre de 2009 cuando la CoIDH condenó el Estado mexicano por la muerte de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos, tres de ocho víctimas encontrada en el predio ubicado en el cruce de avenida Ejército Nacional y Paseo de la Victoria.

Los peritos son:

Carlos A. Rodríguez Contreras

Nacionalidad Colombia.
Policía experto en Investigación Criminal.
Experiencia en la Especialidad: 16 años.
Investigador Líder de Procesos Investigativos
Interviniente en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Durante el año 2011, integrante del contingente de Investigadores Internacionales de la Policía Nacional, en la CICIG.

Warren Campos M.

Lugar de Origen: Costa Rica
Experiencia policail: 18 años
Enero 2010 – a la fecha – Organismo de Investigación
Cargo: Jefe de Investigación
Supervisión de investigaciones. Controles administrativos y de control interno. Supervisión de personal.

Durante 12 años como investigador en grupos de trabajo encargados de resolución de casos. El desarrollo de las investigaciones conllevaanálisis criminal, áreas de análisis criminal.

Atención de casos y participación en investigaciones de homicidios violentos, además de la revisión del caso de un renombrado homicida en serie que actuó durante varios años en Costa Rica.

Guillermo A. Bedoya, PH. D.

Lugar de Nacimiento: Colombia
Universidad Politécnica de Cataluña
Junio 2005 Doctorado Europeo Institut Polytechnique de Grenoble

Experiencia laboral:
Investigador
En curso Master en Estudios Internacionales Universidad de Barcelona
Diplomado técnicas de investigación criminal Corte Penal Internacional

Analista investigador especializado en desarrollo de estrategias de investigación criminal, mapeo del crimen (crime mapping), con experiencia relevante de trabajo en organismos internacionales en las áreas de investigación de hechos delictivos, derechos humanos, justicia transicional y desarrollo.

Comunicador efectivo con experiencia en desarrollo de programas de formación en técnicas de análisis delictual, identificación de patrones, tendencias y problemas subyacentes.

Lucía M. Luna

Nacionalidad Colombia
-Investigador Legal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG

Responsabilidades principales: Responsable de dirigir, supervisar y coordinar
las investigaciones asignadas como líder de equipo dentro de las unidades
de investigación: derechos humanos, crímenes financieros y ciencias forenses.

-Fiscal Delegada Juez Regional Colombia,
-Fiscal Seccional. Fiscalía General de la Nación, -Comisaría de Familia, Colombia.
-Auditor Regional (e) ante la Administración de Impuestos Nacionales. Contraloría General de la Nación, Colombia.
-Contraloría General de la Nación, Colombia
-Juez Promiscuo Municipal – Colombia

Diez años de labor investigativa en la Fiscalía General de la Nación, realizando investigaciones relacionadas con la violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario a través de la aplicación de las normas internas del derecho de cada Estado, bajo altos estándares del Derecho Penal Internacional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, procurando la protección a los más vulnerables para abatir la violencia y la impunidad.