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México

Ofrecerá EU 5 mdd a quien otorgue información que ayude a localizar a Caro Quintero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ofrecerá cinco millones de dólares de recompensa a quien aporte información para localizar al narcotraficante Rafael Caro Quintero, liberado en agosto pasado por un tribunal federal por supuestas fallas al debido proceso.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ofrecerá cinco millones de dólares de recompensa a quien aporte información para localizar al narcotraficante Rafael Caro Quintero, liberado en agosto pasado por un tribunal federal por supuestas fallas al debido proceso.

Con ese ofrecimiento, el sinaloense –quien había sido sentenciado a 40 años de prisión por el secuestro y asesinato en 1985 del agente de la DEA, Enrique Camarena– se sumó a la lista de los capos más buscados por el gobierno estadunidense entre ellos Joaquín El Chapo Guzmán; Juan José Esparragoza, El Azul, e Ismael El Mayo Zambada.

De acuerdo con información difundida esta mañana por la corresponsal de Noticias MVS en Washington, Dolia Estévez, la formalización del anuncio de recompensa se llevará a cabo esta semana.

Al respecto, el analista Eric Olson, del Instituto Woodrow Wilson, afirmó que la oferta de recompensa no será útil porque no ha ayudado a encontrar a El Chapo ni a otros capos, sin embargo, añadió, demostraría la seriedad con la que Estados Unidos toma el caso para ofrecer la mayor recompensa ante los criminales más buscados.

La cantidad de cinco millones de dólares es el tope máximo que ofrecen las autoridades de EU para encontrar a un alto criminal, como parte de un esfuerzo coordinado de varias dependencias gubernamentales.

Además, dentro de esas acciones está la intención del gobierno de Barack Obama de estrangular las finanzas de Caro Quintero.

La semana pasada el gobierno de Estados Unidos endureció las sanciones contra Caro y su familia al designar a 20 empresas establecidas en territorio mexicano y una persona ligada al capo sinaloense.

Apoyado en la figura denominada “Kingpin Act”, el Departamento del Tesoro congeló los activos bajo jurisdicción estadunidense y prohibió a las personas físicas y morales de su país realizar transacciones comerciales o financieras con las empresas vinculadas a Caro Quintero, la mayoría de las cuales se encuentran establecidas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde reside su familia.

Entre estas últimas se encuentran las arrendadoras Turin, Barsat y Villas del Colli, así como gasolineras y empresas agrícolas. En este rubro destacan Petro London, Servicio y Operadora Santa Ana y Minerales Nueva Era, que produce y vende fertilizante orgánico conocido como Diatomag, así como un pesticida llamado Diatomkill.

“La designación demuestra el enorme alcance con el que Rafael Caro Quintero y los miembros de su familia han infiltrado la economía de Guadalajara, incluido el sector inmobiliario y las gasolineras”, declaró el director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), Adam J. Szubin, luego de dar a conocer la medida.

El funcionario agregó que “con Caro Quintero a la fuga, la OFAC continuará trabajando con la DEA y nuestra contraparte mexicana para expandir las sanciones contra cualquier persona o entidad que actúe en beneficio de este asesino criminal”.

Desde 2000, el Departamento del Tesoro mantiene una puntual vigilancia con los negocios y empresas relacionadas con el narcotraficante acusado de asesinar al agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, y con las personas de su entorno.

“Cada una de las entidades designadas hoy es propiedad o está controlada por uno o más individuos previamente designados por actuar en nombre de Caro Quintero”, aseguró el Departamento del Tesoro.

La persona física designada es Juan Carlos Soto Ruiz, a quien vincula con seis empresas de Caro Quintero, entre ellas Arrendadora Turin.

Michele M. Leonhart, responsable de la DEA, declaró por separado que “Caro Quintero y su organización no puede seguir escondiéndose detrás de compañías tapadera con los beneficios del tráfico de drogas. Estas actividades ilegales nutren el tráfico de drogas y su violencia y corrupción”.

Y remachó:

“La DEA y nuestros compañeros del Departamento del Tesoro seguiremos trabajando con todas las herramientas disponible para asegurarnos de que Caro Quintero responde ante la Justicia y su red criminal es destruida”.

Fuente: Proceso.
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México

Aclara Hacienda: multas a CI Banco, Intercam y Vector son por faltas administrativas, no por lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que las multas por 185 millones de pesos impuestas a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa corresponden exclusivamente a faltas administrativas, y no están relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero, como se ha especulado tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Mediante un comunicado, la dependencia precisó que las sanciones fueron notificadas oportunamente a las instituciones financieras en el marco de sus procesos de supervisión regular por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“El monto actualizado al cierre de junio, reportado por la CNBV, es resultado de incumplimientos en procesos administrativos y no implica, hasta el momento, ninguna vinculación comprobada con actividades ilícitas”, señaló Hacienda.

La autoridad mexicana fue enfática: hasta ahora no se cuenta con información que demuestre que estas entidades financieras hayan participado en esquemas de lavado de dinero. Sin embargo, reiteró que en caso de confirmarse evidencia, actuarán con todo el peso de la ley.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, descartó que las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense puedan representar un riesgo sistémico para el sistema financiero mexicano.

Las multas divulgadas recientemente han generado inquietud en el sector, luego de que el Departamento del Tesoro incluyera a las tres instituciones en una lista de posibles vínculos con actividades ilícitas. No obstante, las autoridades mexicanas insisten en que las sanciones nacionales derivan únicamente de revisiones administrativas rutinarias.

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