Opinión

¿A nadie le importa? Por Caleb Ordóñez Talavera

Hay una pregunta que casi nunca se escucha en la sobremesa, en el chat de la familia o en el pasillo de la oficina: ¿cómo estás, de verdad? Nos enseñaron que es indiscreta, que abre puertas que más vale dejar cerradas. Los números sugieren lo contrario: lo que no preguntamos nos cuesta la vida de miles de personas.

En 2025, México registró 8,709 muertes por suicidio, una tasa de 6.7 por cada 100 mil habitantes, frente a 5.1 en 2015. Son casi 24 personas cada día. Mientras tanto, la tasa de homicidios bajó de 25.8 a 21.4 entre 2024 y 2025. Una violencia ocupa los titulares; la otra avanza sin ruido.

Caleb Ordoñez T.

No se reparte al azar. La tasa es de 10.9 entre los hombres y de 2.6 entre las mujeres, más de cuatro veces mayor. Tampoco respeta la juventud: entre los 15 y los 29 años hubo 3,318 suicidios, el 38.1 % del total, y es la tercera causa de muerte en ese grupo. En la adolescencia, el dato es más alarmante todavía: 821 personas de 10 a 17 años murieron así en 2025, la cifra más alta desde el año 2000, y entre las adolescentes la tasa casi se triplicó en veinticinco años, de 1.4 a 4.3.

¿Por qué? Ninguna estadística lo responde por completo, y desconfío de quien ofrece una sola causa. El suicidio rara vez es consecuencia de un único golpe. Es la suma de un dolor que se acumula y de un entorno que no lo ve. Lo que sí podemos decir es qué ingredientes se repiten.

El primero es la enfermedad mental sin atender. La depresión y la ansiedad severa son comunes, tratables y, aun así, muchas veces invisibles. El segundo es la geografía de los servicios: los especialistas se concentran en las ciudades grandes, y quien vive lejos tiene que invertir horas y dinero para conseguir una consulta, justo cuando le cuesta más dar cualquier paso. Los especialistas llevan años advirtiendo que la salud mental es una de las áreas más desatendidas del sistema público.

Tampoco basta con culpar a la violencia. Chihuahua (13.8) y Yucatán (13.7) encabezan las tasas de suicidio, pero Yucatán es el estado con menos homicidios del país, con una tasa de 2. Es solo un caso, no una prueba, pero invita a mirar más allá de la inseguridad: hacia el aislamiento, la precariedad, el consumo de alcohol y el duelo no resuelto.

Luego está la cultura. La brecha entre hombres y mujeres no es solo biología. A muchos varones se les educó para no quebrarse, para resolver con trabajo, silencio o cantina lo que debería hablarse. Ese mandato de aguantar les cierra la puerta a pedir ayuda justo cuando más la necesitan.

Y están los adolescentes, cuyo aumento nadie ha explicado del todo. Se señalan el acoso escolar, la presión académica, la soledad y la comparación constante en redes sociales, aunque el peso de cada factor se discute. Lo que sí sabemos es lo que falta: psicólogos en las escuelas y adultos que sepan qué decir cuando un hijo se encierra, deja de comer con la familia o cambia de golpe.

Todos estos factores tienen algo en común: crecen en el silencio. El tabú nos hace ocultar causas de muerte, cambiar de tema en el velorio y tratar la tristeza profunda como un asunto de carácter. Aísla a quien sufre y deja solos a quienes sobreviven.

Por eso, la primera medida no cuesta presupuesto. Preguntar con franqueza si alguien está pensando en hacerse daño no lo induce a hacerlo; muchas veces es el primer alivio que recibe en semanas. Escuchar sin juzgar, no responder con un «no es para tanto» y acompañar a la persona hacia un profesional son gestos al alcance de cualquiera. Los medios tenemos nuestra parte: informar sin detallar métodos, sin romantizar y con una vía de ayuda a la vista.

Pero la conversación sola no alcanza. Hacen falta más psicólogos, más clínicas fuera de las capitales y un presupuesto que corresponda a la dimensión del problema.

Las crisis suicidas, por intensas que sean, suelen ser pasajeras, y la mayoría de quienes reciben apoyo sigue adelante. Eso nos devuelve a la pregunta del principio. Hoy, con alguien cercano, hagámosla en serio. Y quedémonos a escuchar la respuesta.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.