Fátima Hernández Angulo, estudiante de la licenciatura en ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se convirtió en activista tras ser víctima de abuso sexual en 2019 por parte de su compañero de carrera, Adrián “N”. A pesar de que el agresor enfrenta al menos cuatro denuncias adicionales por violencia sexual y violación en diferentes centros de investigación de la institución, las autoridades universitarias desestimaron las quejas y optaron por otorgarle clases particulares, ignorando la protección de las alumnas.

La agresión ocurrió en el departamento de Fátima en Cuernavaca, donde Adrián “N” se quedó a dormir tras una reunión. El agresor, quien contaba con una ventaja académica por ser hijo de un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), admitió los hechos al día siguiente a través de mensajes de texto. Sin embargo, la víctima decidió guardar silencio inicialmente debido a la falta de redes de apoyo.

Fue solo tras el regreso a clases presenciales, después de la pandemia de COVID-19, que se reveló que el estudiante actuaba como un agresor recurrente en el campus. Al acudir a la Unidad de Atención a Víctimas de la UAEM, Fátima se encontró con una respuesta institucional que resultó en revictimización y obstáculos administrativos. La universidad no le proporcionó apoyo psicológico y propuso un careo para llegar a un acuerdo.

En lugar de sancionar o expulsar al estudiante, la institución justificó su derecho a la educación, asignándole clases particulares. “A este tipo no lo sacaron de la carrera, le dieron clases particulares a él solo, los profesores solo con él”, comentó Fátima, evidenciando la falta de acción por parte de la universidad.

La inacción de las autoridades se vio agravada por la presión ejercida por la dirigencia de la Federación de Estudiantes de la UAEM (FEUM), liderada en ese momento por César Mejía y Clarisa Manrique. En lugar de ofrecer acompañamiento o asesoría psicológica, condicionaron el apoyo a la presentación de denuncias penales ante la fiscalía estatal, lo que llevó a que otras víctimas decidieran abandonar la licenciatura. La situación ha generado un clima de desconfianza y temor entre las alumnas, quienes se sienten desprotegidas ante la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades universitarias.