El gobierno federal junto a un grupo de empresarios del sector alimenticio concretaron un acuerdo para enfrentar la inflación, con el cual se pretende reducir a mil 39 pesos el costo de 24 alimentos y productos básicos para las familias mexicanas.

A la par de no incrementar los precios de los alimentos, el proyecto incluye además no hacerlo en los combustibles ni la electricidad.

El acuerdo que refuerza el Plan contra la Inflación y la Carestía –que se lanzó en mayo pasado— tendrá una vigencia hasta el 28 de febrero de 2023.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda, Rogelio Martínez de la O, presentaron el convenio en la mañanera de este lunes. El primero agradeció a los empresarios –presentes en el Salón Tesorería de Palacio Nacional— que lo firmaron.

“Es un acto importantísimo, tiene que ver con el consumo de los alimentos básicos para la gente, es muy importante el que se haya suscrito este acuerdo y que sea mediante consenso, fue un acuerdo, no hay imposición, no hay ninguna medida coercitiva, fue a partir de convencer y de persuadir y por la voluntad de ustedes de ayudar, esto va a tener un efecto muy positivo, nos va a ayudar”, expresó el mandatario federal.

De su lado, el secretario de Hacienda apuntó que la inflación es de 8.8 por ciento en la primera quincena de septiembre; agregó que a diferencia de Estados Unidos donde la inflación es de demanda, en México es de oferta. “Por esa razón la mejor respuesta consiste en producir más alimentos y reducir costos regulatorios y logísticos por parte del gobierno y los productores para fortalecer esta oferta de alimentos”.

La idea de las medidas, señaló Ramírez de la O, es que el precio de la canasta básica de 24 alimentos sea ocho por ciento menor al actual máximo que es de mil 129 pesos, a fin de reducirla durante la vigencia del convenio a mil 39 pesos promedio.

En cuanto a la harina de maíz, utilizada para la producción de tortilla, las empresas relevantes asumen el compromiso de no subir sus precios durante la vigencia de este acuerdo, en específico por lo que hace a la harina básica extra premium sin conbservadores, “el esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio tres por ciento menor al máximo promedio actual”.

Como parte del acuerdo, el gobierno federal otorga a las empresas firmantes una licencia única universal que por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de éstas, las exime de todo trámite y permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad y de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios; además del impuesto general de importación.

Con esto, se le confía a las compañías firmantes la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad.

También se convino que en aquellos granos en los que el país es deficitario se cancelará por la vigencia del acuerdo la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero que se utiliza en los envases de alimentos; además que se examinará conjuntamente la necesidad de extender esta limitación a otros productos.

En la vigencia del acuerdo, y en el marco de la licencia, la autoridad suspendería la revisión de toda regulación que se considere que impida y encarezca la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país, incluyendo aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional.

Con esta licencia, agregó Ramírez de la O, las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyan sean de calidad y se encuentren libres de contingencias tanto sanitarias como de cualquier otra índole.

El gobierno mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre e 2018; adicionalmente congelará la tarifa de las autopistas concesionadas hasta 28 de febrero de 2023.

“Con el interés de fortalecer la producción nacional, la autoridad atenderá los casos de productos alimenticios que requieran de soluciones particulares para sobreponerse a situaciones de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al mercancía o alguna otra que no sea factible de superar por la propia empresa y que afecte la oferta de alimentos.