El 29 de octubre de 2026 se cumplen seis meses desde que la Fiscalía del sur de Nueva York solicitó la detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza y de otros ocho funcionarios de su administración. Estos individuos están acusados de haber protegido y participado en las actividades del Cártel de Sinaloa, específicamente en la facción conocida como Los Chapitos.

Desde el ámbito mexicano, las autoridades han mantenido una postura firme, afirmando que no existen pruebas que sustenten las acusaciones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró esta posición al día siguiente de la solicitud de extradición. La Consejería Jurídica del gobierno también intentó aclarar la diferencia entre una solicitud de detención provisional y una solicitud formal de extradición, aunque su explicación fue considerada confusa. La Cancillería y la Fiscalía General de la República (FGR) respaldaron esta afirmación, indicando que no hay elementos que cumplan con el estándar probatorio mínimo requerido por la ley mexicana. Además, el fiscal David Boone de la Garza señaló que la FGR no está investigando delitos financieros, lo cual es crucial, dado que la acusación en Nueva York se basa en el seguimiento de flujos de dinero.

A pesar de las acusaciones, tanto Rocha Moya como Inzunza gozan de fuero, lo que complica su posible extradición. Rocha Moya ha solicitado una licencia, mientras que Inzunza continúa su labor en el Senado. Ambos llegaron al poder con el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y su extradición podría representar un desafío significativo para el partido en el gobierno, ya que podría abrir una serie de implicaciones legales y políticas no deseadas.

Es importante destacar que la acusación no proviene de una simple oficina en Nueva York, como se intentó presentar en conferencias matutinas. Forma parte de la misma causa que involucra a Los Chapitos, ante la jueza Katherine Polk Failla. Las acusaciones sugieren que Los Chapitos ayudaron a Rocha a ganar las elecciones de 2021 mediante el robo de boletas y la intimidación de opositores. Se menciona que hubo reuniones entre Rocha, Inzunza y miembros del cártel, donde se pactó el control de la Policía Estatal y otros recursos. La FGR ha sido criticada por no investigar adecuadamente estas acusaciones ni por tomar declaraciones de los involucrados, lo que ha llevado a la conclusión de que las pruebas no han sido recabadas de manera efectiva.