La juez de control, Alma Leyda Sosa Jiménez, decretó la vinculación a proceso de los 19 elementos y exelementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, entre ellos los mandos policiacos Arturo Bermúdez Zurita, Roberto González Meza y José Óscar Sanchez Tirado, ratificándose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concediendo un plazo de cuatro meses más para la investigación complementaria.

En una audiencia maratónica que arrancó a las 11 de la mañana de ayer y concluyó este miércoles a las 5 horas, los expolicías, que pertenecieron a un grupo de élite en el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa y que se dedicaban a levantar a todo aquel sospechoso de ser Zeta, fueron recluidos en el Cereso de Pacho Viejo por el delito de “desaparición forzada”.

“Con todas sus consecuencias, imputados por el delito de desaparición forzada en agravio de quince personas, entre ellas, mujeres y menores de edad”, leyó la jueza.

La defensa de los imputados solicitó a Sosa Jiménez que se omitieran las identidades de sus defendidos, con fundamento en el artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que trata del derecho a la intimidad y a la privacidad, razón por la que la identidad de los 16 policías rasos imputados por desaparición forzada quedó en reserva, no así la de los tres mandos policiacos, cuyos nombres y detenciones fueron muy publicitadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

“En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable”, refiere el artículo 15.

Ante esto, la jueza instruyó al fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, abrir una carpeta de investigación a los medios de comunicación que hayan violado la petición de la defensa.

La jueza apuntó en el periodo de abril a octubre de 2013, en la administración del exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa, se mantuvo una política ilegal en combate a la delincuencia organizada, privando de la libertad y de la vida a presuntos integrantes de la célula delictiva de Los Zetas.

Señaló que el grupo Fuerza de Reacción de Seguridad Pública tenía como objetivo detectar, detener y obtener información de presuntos integrantes de la delincuencia organizada, mediante tortura y abuso sexual.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dejó entrever que existen más casos de desaparición forzada en la región de Xalapa, Coatepec, Emiliano Zapata y Río Blanco.

Sosa Jiménez subrayó que -de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía- hay 53 municipios veracruzanos donde por lo menos existe un evento de desaparición forzada.