Política

Afectados por Aras bloquean calles en Chihuahua exigiendo justicia

Un grupo de afectados por la empresa Aras Investment Business Group se manifestó este viernes frente a Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, demandando el cumplimiento de la sentencia condenatoria y la reparación del daño económico a las víctimas. La protesta se llevó a cabo en un contexto de creciente frustración, ya que el próximo 16 de noviembre se cumplirán cinco años desde que comenzó el caso Aras, sin que hasta la fecha las víctimas hayan recibido la compensación establecida en la sentencia.

Felipe Acosta, abogado representante de los afectados, destacó que uno de los principales problemas es la disminución de los bienes disponibles para responder por las afectaciones económicas. Inicialmente, se contaba con 122 propiedades, pero actualmente esa cifra se ha reducido a 79. Esta disminución se debe a diversos procedimientos legales, incluidos amparos relacionados con la posesión y el dominio de los inmuebles, lo que ha generado incertidumbre entre los afectados, quienes además desconocen las condiciones actuales de dichos bienes.

Como medida de presión, los manifestantes bloquearon la calle Aldama, lo que provocó el cierre de la circulación vehicular en las calles Escorza y Guerrero. Acosta advirtió que los afectados tienen la intención de impedir el acceso a Palacio de Gobierno como parte de sus acciones de protesta, buscando obtener una respuesta de las autoridades estatales.

Además, el abogado mencionó que existe la posibilidad de extender las manifestaciones a las instalaciones de la Secretaría de Hacienda, ante la falta de avances en el cumplimiento de la sentencia. Acosta enfatizó que, de no recibir una respuesta favorable por parte de las autoridades, los afectados regresarán a manifestarse el próximo lunes, manteniendo su exigencia de recuperar el dinero que invirtieron en la empresa.

Política

Auditoría no detiene venta de viviendas de Pensiones Civiles del Estado

El director general de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), José Antonio Chávez Rodríguez, aseguró que la auditoría anunciada sobre el proceso de subasta de viviendas de Pensiones Civiles del Estado (PCE) no interrumpirá la comercialización de estos inmuebles, ya que los procedimientos se llevan a cabo conforme a la normatividad vigente.

Chávez Rodríguez explicó que el proceso de asignación y formalización de contratos de compraventa de propiedades ubicadas en cuatro fraccionamientos de los municipios de Chihuahua, Delicias, Parral y Cuauhtémoc continúa sin contratiempos.

Respecto a los señalamientos sobre la revisión del proceso de subasta pública, el director de Coesvi expresó que la dependencia está abierta a las auditorías pertinentes, asegurando que las operaciones cumplen con los requisitos legales establecidos. “El procedimiento está completamente en cumplimiento de lo que marca la reglamentación y no hay ningún tema que pueda afectar ahorita la continuidad o el cierre de estas subastas”, afirmó.

Chávez Rodríguez aclaró que las viviendas no son propiedad de Coesvi, sino de Pensiones Civiles del Estado, con la que se han establecido convenios para llevar a cabo los procedimientos de comercialización, cuyo objetivo es recuperar el valor de los activos inmobiliarios.

En relación a la regularización de viviendas ocupadas de manera irregular, el director informó que en la ciudad de Chihuahua se han concretado los primeros cinco contratos de compraventa con personas que habitaban estos inmuebles sin la documentación legal correspondiente. Otras cinco personas están en proceso de formalizar la adquisición de sus viviendas, y se espera que los contratos pendientes se firmen en los próximos días.

Por otro lado, Chávez Rodríguez reveló que el fraccionamiento de PCE en Delicias está completamente invadido, lo que ha llevado a la dependencia a buscar acuerdos con los ocupantes para regularizar las propiedades. “El fraccionamiento de Delicias está 100% invadido. Ahí hemos buscado acercamiento con las personas que están invadiendo la vivienda para poder lograr un acuerdo con ellos”, expresó.

Sin embargo, denunció la intervención de líderes en las negociaciones, quienes buscan obtener beneficios, complicando el acercamiento directo entre los ocupantes y las autoridades. Ante esta situación, hizo un llamado a las familias para que se acerquen directamente a Coesvi o a Pensiones Civiles del Estado, donde podrán revisar sus casos y conocer los requisitos necesarios para adquirir legalmente las propiedades.

Chávez Rodríguez precisó que uno de los principales criterios para acceder a este esquema es demostrar la necesidad de vivienda, buscando beneficiar a quienes requieren un patrimonio y, al mismo tiempo, recuperar los recursos correspondientes a Pensiones Civiles.

Finalmente, reiteró que la auditoría no representa un impedimento para continuar con las operaciones de compraventa y confió en que se puedan alcanzar acuerdos con los ocupantes de Delicias, tal como ya se ha logrado en Chihuahua, donde se han comenzado a formalizar las primeras adquisiciones legales.