México

Ahorros de 83 mil mdp por Anticorrupción en dos años

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha logrado un ahorro de 83.8 mil millones de pesos en un periodo de dos años, gracias a diversas medidas de prevención y mejora en la gestión pública. Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que estos recursos se han obtenido mediante la implementación de mejores prácticas en compras, un seguimiento más riguroso de la administración de contratos, así como a través del cobro de multas y sanciones, lo que ha permitido una mayor eficiencia organizacional.

“Cuando se encuentra que hay una mala práctica en algún lugar, se actúa y como sanción administrativa se envía al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si la falta es muy grave, se remite a la Fiscalía General de la República. Estos son resultados muy positivos”, declaró la presidenta.

La jefa del Ejecutivo también mencionó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno colabora con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para desarrollar una serie de leyes que busquen mejorar la gestión pública y prevenir la corrupción en el país.

Por su parte, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, resaltó que México ocupa el quinto lugar entre los países de la OCDE en cuanto a confianza ciudadana en el gobierno nacional, solo superado por Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo. Además, el país se posiciona en el octavo lugar en confianza en el servicio público.

En su intervención, Buenrostro detalló que los ahorros se desglosan de la siguiente manera: 29 mil millones de pesos se han logrado a través de la mejora en las compras, gracias a un diálogo estratégico con proveedores; 42.2 mil millones de pesos se han ahorrado mediante un seguimiento efectivo a la administración de contratos, supervisando incumplimientos y modificaciones injustificadas; 4.8 mil millones de pesos provienen del cobro de multas y adeudos, así como penalizaciones por incumplimientos y devoluciones de pagos en exceso; y 7.8 mil millones de pesos se han obtenido por la eficiencia en la organización del gobierno, a través de reestructuras administrativas.

México

Exigen evaluación del impacto del veto a celulares en las aulas

La regulación del uso de celulares y dispositivos digitales en las escuelas debe demostrar su efectividad en la mejora de las condiciones de aprendizaje y convivencia, y no limitarse a la simple prohibición de su uso durante la jornada escolar. Esta es la postura de la organización Educación con Rumbo, que se pronunció sobre el Acuerdo 09/09/26 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual entrará en vigor el próximo 3 de noviembre de 2026.

La organización considera positivo que México establezca criterios nacionales para el uso responsable y seguro de dispositivos digitales en las escuelas, tanto públicas como privadas. Sin embargo, enfatiza que el principal desafío será la implementación de estas normas y solicita claridad sobre los métodos de evaluación que se utilizarán para determinar si la estrategia es efectiva.

“Reconocer el avance también implica exigir claridad sobre su implementación”, indicó Educación con Rumbo, al cuestionar qué acciones concretas deberán llevar a cabo las escuelas para demostrar que las nuevas disposiciones se aplican de manera adecuada.

Además, la organización pidió que se especifiquen las condiciones bajo las cuales se podrá utilizar la tecnología con fines pedagógicos, los dispositivos que podrán ser empleados y los criterios que se aplicarán en cada nivel educativo. Este llamado se basa en los resultados de una consulta nacional realizada por la SEP, en la que participaron 565 mil 396 figuras educativas.

El acuerdo establece reglas diferenciadas según el nivel educativo, lo que ha sido bien recibido por Educación con Rumbo. Sin embargo, también advirtió que es fundamental que la regulación no profundice las brechas digitales, especialmente en aquellas escuelas que aún enfrentan problemas de conectividad.

“Regular el celular no puede significar dejar fuera de la transformación digital a quienes tienen menos acceso a la tecnología”, sostuvo la organización. Por lo tanto, enfatizó que el acuerdo debe ir acompañado de un marco claro para fomentar la ciudadanía digital, así como de capacitación para docentes y familias, recursos educativos, materiales accesibles y acciones diferenciadas según la etapa de desarrollo de los estudiantes.