Política
Al menos 12 candidatos de las elecciones del 6 de junio recibieron financiamiento ilícito: UIF
Sin mencionar los nombres de las personas ni de sus partidos políticos, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que por lo menos 12 de los candidatos que participaron por un puesto de elección popular, el pasado 6 de junio, recibieron financiamiento ilícito para sus campañas.
En una conferencia que dio este martes, el jefe de la UIF también señaló que ya se entregó toda la información que su departamento encontró, con el análisis del modelo de riesgo de 12.600 personas, al Instituto Nacional Electoral (INE), cuya Comisión de Fiscalización en conjunto con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, se encargará de determinar si en efecto hubo existencia de delito.
Además detalló que se entregó al INE también un informe del modelo de riesgo de 18 mil empresas que forman parte del padrón de proveedores de ese instituto, al encontrarse que varias operan como factureras, por lo que ya se entregaron esos datos de igual manera al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)Apenas un par de días después de los históricos comicios de medio término en México, Santiago Nieto anunció que se habían identificado ya siete casos de financiamiento ilícito, que incluían candidatos a gubernaturas, diputaciones federales y alcaldías de la Ciudad de México.
Y previo a las elecciones había advertido que después de esa fecha se harían públicos tales casos. En ese momento, el jefe de la UIF indicó que se había realizado en las semanas previas a los comicios un proceso de revisión de todos los candidatos que serían votados, así como de sus proveedores.
Lo que sí confirmaba entonces Nieto Castillo es que se habían hallado irregularidades que obedecían al financiamiento ilegal, tales como la existencia de “empresas-fachada”, respecto a las que se hicieron las denuncias correspondientes y se había solicitado el congelamiento de sus cuentas.
Asimismo, a través de las redes sociales, Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que como parte de la Estrategia Nacional de seguridad y en acciones coordinadas con el gabinete de seguridad, se bloquearon diversas cuentas ligadas al narco.
(Foto: Cuartoscuro)Un total de 170 personas fueron identificadas como generadoras de violencia en el estado de Guerrero, mientras que en Michoacán, fueron identificadas 153 personas, a todas ellas les congelaron sus recursos económicos.
En éste último estado, dichas cuentas supuestamente pertenecen a seis diferentes cárteles que se pelean la zona de manera violenta desde hace algunos meses, de acuerdo con el diario Milenio.
Las 153 personas aparentemente serían colaboradores de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, así como Los Viagra o integrantes de Cárteles Unidos y células de los Beltrán Leyva.
Esto reafirmaría, de acuerdo con el medio, la estrategia de la 4T, quienes buscan parar las finanzas y el capital de los narcotraficantes, en vez de buscar el conflicto armado o bien, la aprehensión de los más importantes capos del momento.
Pero México no es el único país interesado en detener a estos criminales, pues los Estados Unidos han fichado también a distintas organizaciones como el CJNG, los Caballeros Templarios o bien, la Familia Michoacana, el trío identificado como las amenazas criminales más grandes para su territorio.
Los bloqueos, además, llegaron hasta la parte central del país, donde se congelaron 85 cuentas bancarias de sospechosos y personas que habrían participado en el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el 26 de junio del año pasado.
Éstas podrían estar ligadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues Harfuch señaló como responsables de dicho atentado al grupo comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho.
Política
Expolicías federales denuncian recortes salariales y hostigamiento laboral
Elementos de la extinta Policía Federal han denunciado un recorte salarial del 70 por ciento en su última quincena, así como la suspensión de sus actividades y la prohibición de firmar asistencia, tras negarse a aceptar tareas de vigilancia en edificios gubernamentales asignadas por el Servicio de Protección Federal. La denuncia fue realizada el 2 de octubre de 2026 por Mayra, exintegrante de la Policía Federal, quien destacó que esta reducción salarial afecta gravemente el bienestar de sus familias, impactando en aspectos esenciales como la alimentación, la educación de sus hijos, el pago de créditos y el transporte.
Mayra exigió que cualquier sanción o suspensión sea notificada por escrito y conforme a la legalidad, para evitar afectaciones en su situación laboral. Los agentes afectados consideran que esta medida es una represalia por haber solicitado su reincorporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de acuerdo con un decreto emitido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Los exagentes argumentan que no se oponen a trabajar, sino que poseen estudios de licenciatura, maestría y capacitaciones en el extranjero, lo que les lleva a considerar que las labores propuestas no se ajustan a su perfil profesional.
Por su parte, la SSPC informó que actualmente siete mil 121 elementos están desempeñando funciones operativas y administrativas, mientras que 84 de ellos mantienen su negativa a incorporarse al servicio asignado. Ante esta situación, el Consejo de Honor ha determinado como medida preventiva que los involucrados reciban un mínimo vital, equivalente al 30 por ciento de sus percepciones.
Mariana, otra exintegrante de la Policía Federal, acusó que desde la creación de la Guardia Nacional en 2018 y 2019, han enfrentado un proceso sistemático de hostigamiento para forzarlos a renunciar. Además, denunció violaciones al debido proceso, al señalar que se les ha negado el acceso a los expedientes administrativos y a las notificaciones formales correspondientes.
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