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Política

Alianza electoral PRI-PAN no será de larga data: Víctor Quintana

La posible alianza en el plano electoral entre los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), para hacer frente al movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el próximo proceso electoral no será de larga data, consideró el activista Víctor Quintana Silveyra.

El político cuauhtemense, quien aspira a la candidatura a gobernador por MORENA, dijo ver sus asegunes en esta probable unión, a la que por supuesto tienen todo derecho y su respeto, pero que no es algo que sorprenda, toda vez que históricamente, siempre han hecho alianzas en otras cuestiones.

“Ha habido alianza PRI y PAN en todo menos en lo electoral, hay que recordar que después del fraude de 1988, Diego Fernández de Ceballos se retiró misteriosamente a 15 días de la campaña, cuando todo parecía que iba a superar a Salinas (de Gortari); el PAN admitió la quema de boletas”, refirió el académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Recordó que esta alianza se ha consolidado al paso de los sexenios, como en el gobierno del priísta Ernesto Zedillo, que incluyó a un panista al frente de la Procuraduría General de la República o el apoyo que el exgobernador de Chihuahua César Duarte, como diputado, brindó al panista Felipe Calderón para que subiera a la Tribuna de la Cámara de Diputados a rendir protesta como presidente de la república.

En ese tiempo, narró Quintana, simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador estaban molestos por el fraude en la elección presidencial que se fraguó en julio de 2006 y para el 1 de diciembre del mismo año, fueron los priístas quienes le abrieron paso para que asumiera en el poder.

“¿Qué más alianza que la que ya tienen?”, cuestionó a su entrevistador.

Con estas acciones, ambos partidos se pagaron favores, el PAN al PRI en 1988 y en PRI al PAN en 2006, “Calderón nunca olvidó ese favorcito que le hizo César Duarte”, añadió.

Víctor Quintana precisó que también han tenido alianzas en cuestiones importantes, como fueron las reformas incluidas en el llamado Pacto por México. Lo que buscan ahora, explicó, es hacer una alianza en el plano electoral.

Consideró que este tipo de alianzas casi no funcionan por ser fugaces, “creo que puede ser que funcionen algunas candidaturas, pero una parte del PRI no va a querer votar por panistas, y viceversa, y ahí no es sumar el 30 por ciento de uno y el 20 por ciento del otro”, finalizó.

Política

PAN prepara nueva iniciativa electoral tras resolución de la SCJN

PAN prepara nueva iniciativa electoral tras resolución de la SCJN

Alfredo Chávez Madrid aseguró que el Congreso de Chihuahua acatará el fallo, pero buscará conservar medidas contra la injerencia del crimen organizado y atender los señalamientos sobre nepotismo e intervención extranjera

Chihuahua .- Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma electoral de Chihuahua, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, anunció que la bancada presentaría ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado una nueva iniciativa para adecuar la legislación a los criterios establecidos por el máximo tribunal.

El legislador afirmó que, aunque el PAN mantiene una postura crítica respecto a algunos aspectos del fallo, respetará la determinación judicial y realizará las modificaciones correspondientes dentro del plazo establecido. “Como siempre hemos sido demócratas y creemos en el Estado de derecho, vamos a acatar la sentencia de la Corte. La Corte nos ha obligado a legislar y lo vamos a hacer en tiempo y forma”, declaró.

Entre los ajustes contemplados se encuentran disposiciones relacionadas con la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral, así como las adecuaciones necesarias en materia de nepotismo electoral. De acuerdo con Chávez Madrid, la propuesta buscará mantener mecanismos destinados a evitar que organizaciones criminales tengan influencia en partidos políticos, candidaturas o procesos electorales, aunque bajo los parámetros fijados por la SCJN.

La Corte invalidó, entre otros puntos, disposiciones que permitían establecer consecuencias electorales a aspirantes, precandidatos o candidatos por actos ilícitos cometidos por terceras personas cuando no se acreditara responsabilidad propia. El criterio se sustentó en principios como culpabilidad, presunción de inocencia y legalidad, mientras que se mantuvieron las sanciones cuando las conductas sean realizadas directamente por la persona candidata o aspirante.

Chávez Madrid cuestionó particularmente esta parte de la resolución, al considerar que limita uno de los componentes centrales de la reforma aprobada en Chihuahua. Desde su perspectiva, la intervención de grupos delictivos en una elección podría darse mediante financiamiento, imposición de candidaturas, participación durante los comicios o acuerdos posteriores con autoridades electas, por lo que sostuvo que el Congreso debe conservar herramientas para enfrentar esos escenarios.

El coordinador panista también criticó a Morena por haber impugnado ante la Suprema Corte algunas de las disposiciones de la reforma. Durante su posicionamiento, afirmó que dicha impugnación demuestra, desde su perspectiva, una defensa de los intereses del crimen organizado en Chihuahua. Ese señalamiento corresponde a la postura política expresada por el legislador y no constituye una conclusión de la SCJN.

Pese a sus cuestionamientos, el diputado reiteró que la bancada panista cumplirá con la resolución y presentará una propuesta ajustada al marco constitucional. “Esta legislación, compañeros, compañeras, no es del PAN, no es para el PAN”, sostuvo, al insistir en que las medidas deben aplicarse a cualquier fuerza política o candidatura cuando se actualicen los supuestos previstos por la ley.

Con la nueva iniciativa, el Congreso de Chihuahua buscará armonizar la legislación electoral con los criterios establecidos por la Suprema Corte, mientras el PAN pretende conservar disposiciones orientadas a impedir la intervención de organizaciones criminales en los procesos electorales, pero dentro de los límites constitucionales determinados por el máximo tribunal.

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