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México

Alzan la voz contra cierre de estancias; piden alternativas

Ocho representantes de la sociedad civil y 17 integrantes del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) manifestaron en un comunicado su preocupación ante el anuncio del actual gobierno federal de eliminar el programa de estancias infantiles para madres trabajadoras.

En siete puntos, los 25 firmantes, entre los que se encuentran Juan Martín Pérez, de Red por los Derechos de la Infancia en México; Carlos Ríos Espinosa, de Human Rights Watch o María Josefina Menéndez Carbajal, de Save the Children, expusieron que lo más preocupante de la decisión anunciada es que el cuidado

infantil se asume como un asunto del ámbito doméstico y privado; y no de interés público y corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad y la familia.

También alertaron que se pone en riesgo la vida, la seguridad y el adecuado desarrollo de las niñas y niños más pobres, frente a cuidados de mala calidad provistos por instituciones o personas sin adecuada capacitación, supervisión y acompañamiento.

E insistieron en que al eliminar las estancias infantiles se olvida que en el proceso de socialización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes la convivencia y los aprendizajes entre pares son centrales para su desarrollo integral.

Ante este panorama de vulnerabilidad para la infancia, los representantes de la sociedad civil e integrantes del Consejo Consultivo del Sipinna solicitaron que “el Estado asuma plenamente su obligación de garantizar el cuidado y adecuado desarrollo de las niñas y niños más pequeños y más pobres, y articule una política integral de primera infancia desde el enfoque de derechos y de género”.

Además, pidieron que se diseñen alternativas que aseguren las opciones de cuidado infantil para todas las familias; incluidas aquéllas sin seguridad social, y que se analice la evidencia sobre los efectos que tienen el cuidado de los abuelos, y principalmente de las abuelas, en el desarrollo de las niñas y los niños.

Por último, refirieron el artículo tercero de la Convención Sobre los Derechos del Niño/Niña: “todas las medidas concernientes a los niños/niñas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño/niña”.

México

Gobierno de Rocío Nahle desvió recursos para nóminas de manera ilegal

Gobierno de Rocío Nahle desvió recursos para nóminas de manera ilegal

El Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, ha sido objeto de un dictamen negativo por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido a irregularidades en la fiscalización de recursos destinados a la atención médica. Según el Informe Individual de la Auditoría 2118 sobre la Cuenta Pública 2025, se detectó un presunto daño patrimonial que asciende a 87 millones 419 mil 439 pesos, principalmente por el uso indebido del presupuesto para el pago de nóminas.

El informe revela que los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) desviaron 86 millones 920 mil 909 pesos, que estaban destinados para el ejercicio fiscal 2025, para cubrir nóminas correspondientes al ejercicio fiscal 2024. Este desvío se realizó sin las autorizaciones legales y presupuestales necesarias, así como sin la documentación que justificara dicho uso de recursos.

Además, la ASF identificó serias deficiencias en los controles administrativos internos de los SESVER, otorgándoles una calificación de 65.4 sobre 100 en su nivel de control interno. La auditoría constató que la dependencia estatal no atendió las recomendaciones emitidas en la Cuenta Pública 2024 y mantuvo cuentas bancarias que no eran “específicas”, lo que resultó en la mezcla de recursos de diferentes orígenes y transferencias cuyo destino legal no pudo ser determinado.

El informe también destacó irregularidades adicionales, como diferencias no aclaradas en el pago de servicios personales del Programa U013, que suman 266 mil 530 pesos, así como el incumplimiento en la devolución oportuna de 232 mil pesos de capital no devengado a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Estas irregularidades ponen en evidencia la falta de transparencia y control en la gestión de recursos públicos en el estado de Veracruz.

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