Por: Iván Alamillo | MCCI

Mientras la administración del presidente Donald Trump elevaba la presión sobre el gobierno y las autoridades mexicanas, Jorge Amílcar Olán Aparicio, el cercano amigo de Andy López Beltrán que recibió contratos multimillonarios durante el gobierno de AMLO, extendió su red de negocios a Estados Unidos.

Registros mercantiles de la Secretaría de Estado de Texas obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelan que, el pasado 25 de junio de 2026, Amílcar Olán constituyó la compañía Stone Basaltico LLC, en la que figura como único accionista y donde su tía, Teresa de Jesús Olán Rodríguez, funge como agente para recibir notificaciones judiciales.

Acta de la empresa Stone Basaltico, LLC, creada por Amílcar Olán en Bay City, Texas.

El mismo día en que la sociedad de Amílcar Olán fue dada de alta, el empresario tabasqueño José Andrés Quintero Martínez de Escobar y Silvia Gabriela Cárdenas Arias –quien de acuerdo con audios difundidos por Latinus sería una operadora de Amílcar en la venta irregular de balasto para las obras ferroviarias de la 4T– registraron en Texas una segunda empresa: Quincar LLC.

Amílcar Olán y Silvia Cárdenas emplearon estas dos compañías para dar a luz el 2 de julio de 2026 a una tercera sociedad llamada Basalt Group LLC, la cual reporta el mismo domicilio que Stone Basaltico LLC en el número 1 de la calle Bordeaux Cir, en la ciudad de Bay City, Texas.

MCCI pudo comprobar que dicha dirección corresponde a la vivienda de su tía, Teresa Olán, quien es dueña de la propiedad junto con su esposo desde el año 2016.

La empresa Basalt Group tiene como accionistas a las compañías Quincar LLC y Stone Basaltico LLC, esta última propiedad de Amílcar Olán. Silvia Gabriela Cárdenas Arias, presunta operadora de Amílcar en la venta de balasto para el tren maya, creó Quincar LLC.

Las tres empresas –Stone Basaltico, Quincar y su sociedad conjunta, Basalt Group– tienen como organizadora a Alejandra González, una abogada de McAllen que consiguió su licencia de la Barra de Abogados de Texas en abril del año pasado y que habría sido la encargada de firmar y presentar los documentos de constitución ante la Secretaría de Estado de la entidad.

Las leyes texanas permiten la creación de compañías sin la presencia física de los accionistas, por lo que Amílcar Olán pudo haber realizado su registro de manera remota por medio del portal SOSDirect con la ayuda de su abogada.

MCCI consultó plataformas de comercio exterior para verificar si las empresas del amigo de Andy López Beltrán han realizado importaciones o exportaciones de materiales pétreos o cualquier otro tipo de mercancía, pero hasta la publicación de este reportaje no se encontró registro alguno.

El 13 de agosto de 2026, Andy López Beltrán difundió en sus redes sociales una carta dirigida a Donald Trump, en la que reveló que el gobierno de Estados Unidos le había cancelado la visa para ingresar a ese país. Atribuyó la decisión al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, y aseguró que las autoridades estadounidenses no tenían pruebas en su contra por algún acto delictivo. En contraste, apenas un mes antes del retiro de la visa a Andy, su amigo Amílcar Olán había terminado de establecer una red de empresas en Texas.

Desde diciembre de 2023, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que los negocios de Amílcar se multiplicaron con el gobierno de López Obrador. Empresas propiedad de Amílcar o ligadas a él han obtenido contratos para abastecer medicinas: 490 millones de pesos con fondos del extinto INSABI y 344 millones de pesos del IMSS, con sobreprecios de hasta mil por ciento.

Además, en audios difundidos por Latinus y MCCI, Amílcar expresa su cercanía con Andy y Gonzalo López Beltrán –hijos del ex presidente López Obrador– e incluso ha referido que gracias a ellos expandió sus negocios de venta de balasto para el Tren Maya. Tres días antes de que AMLO dejara la presidencia, Portacelis Gas and Oil, creada por el contador de Amílcar, recibió permisos para importar más de 50 millones de litros de combustible y enfrenta acusaciones de huachicol fiscal.

Esas acusaciones escalaron al terreno penal. La Secretaría de Hacienda pidió a la Fiscalía General de la República ejercer acción penal por delitos fiscales contra los propietarios de Portacelis Gas and Oil, a la que se atribuyen operaciones de huachicol fiscal que habrían ocasionado un daño al erario superior a 834 millones de pesos, según reveló Reforma el 29 de agosto.

MCCI publicó el pasado 27 de julio un extracto del libro “Huchicol Fiscal, la madre de todas las estafas”, de Raúl Olmos, en el que se documenta que Portacelis también tuvo como proveedor a Ikon Midstream, empresa texana investigada por el FBI y la FGR por abastecer a compañías señaladas de operar al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ikon quedó bajo investigación por enviar a México buques con millones de litros de combustible declarado como aditivos, una modalidad utilizada para eludir el pago de impuestos. En abril de 2026, agentes federales catearon sus oficinas en Houston y aseguraron documentos sobre sus transacciones, incluidas las realizadas con Portacelis.

La empresa de Amílcar reportó como domicilio una casa propiedad de su tía Teresa Olán, en la pequeña localidad de Bay City, Texas, a 120 kilómetros del sureste de Houston.

Llega a Estados Unidos tras modificación a ley antilavado

La expansión del entramado empresarial de Amílcar Olán a Texas se dio luego de cambios realizados por el Departamento del Tesoro al reglamento de la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act), la cual obligaba a la mayoría de las empresas constituidas en territorio estadounidense a reportar sus beneficiarios finales ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

Dicho reporte debía incluir los nombres, domicilios, fechas de nacimiento y documentos de identificación vigentes –como el pasaporte o licencia de conducir– de los beneficiarios finales de las compañías sin importar que fueran ciudadanos estadounidenses o extranjeros. Un beneficiario final era definido como aquel accionista que posee el 25% o más de una empresa o como cualquier persona que ejerza un control sustancial sobre las decisiones de la compañía.

Con esto, el Departamento del Tesoro buscaba tener una supervisión más estricta y detallada de sociedades que pudieran ser usadas como fachada por lavadores de dinero, narcotraficantes, cibercriminales o hasta terroristas.

En marzo de 2025, ya durante la presidencia de Donald Trump, el Departamento del Tesoro anunció una regla interina que suspendía la obligación de presentar esta información a FinCEN, lo que generó críticas de expertos en materia antilavado y congresistas demócratas.

Elizabeth Warren, la demócrata de mayor rango en la Comisión de Banca del Senado, señaló que la medida “es un regalo para los cárteles, los delincuentes y los adversarios de Estados Unidos que se aprovechan de las empresas fachada para mover millones a través de nuestro sistema financiero”.

Incluso, la Oficina de la Contraloría General (GAO) advirtió que la regla interina que entró en vigor en marzo de 2025 eliminó la responsabilidad del 99% de las entidades que antes estaban obligadas a reportar y podría perpetuar los riesgos de delitos financieros.

Bajo el antiguo reglamento de la Ley de Transparencia Corporativa, las sociedades constituidas por Amílcar Olán habrían tenido 30 días naturales para reportar a sus beneficiarios finales, es decir, a inicios del mes de agosto de 2026.

Por ejemplo, Basalt Group LLC –que tiene como accionistas a Stone Basaltico LLC y a Quincar LLC– habría tenido que identificar a Jorge Amílcar Olán Aparicio, quien aparece como socio único de Stone Basaltico, y a Silvia Gabriela Cárdenas Arias y José Andrés Quintero Martínez de Escobar, socios de Quincar.

El pasado 11 de agosto, el Departamento del Tesoro emitió la regla final que elimina permanentemente la obligación de reportar los beneficiarios finales de las corporaciones constituidas en Estados Unidos y anunció que eliminará la base de datos con la información previamente reportada por millones de compañías.