En carta abierta al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, llamó a vetar la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada en el Congreso el viernes pasado.

Hablando en nombre de una organización que representa un movimiento de más de 7 millones de personas en todo el mundo, Shetty precisó que: “Bajo la vaga e indeterminada frase ‘seguridad interior’, la ley no hace más que esconder un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las fuerzas armadas en labores que deben corresponder a las policías”.

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Amnistía Internacional manifestó Shetty, se encuentra enormemente preocupada pues esta ley, sin duda alguna, no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas.

Esto a pesar de que la evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad durante más de una década, desde que se desplegaron militares en las calles de México.

Desde hace 4 años, Amnistía Internacional alertó al gobierno de México sobre los riesgos de continuar con la heredada estrategia militarizada.

El número de militares desplegados en tareas de seguridad pública ha aumentado de manera significativa durante el actual periodo presidencial. Este aumento no ha contribuido a una disminución del delito en el país.

El año 2017 terminará como el año más violento del sexenio, y vislumbra registrar la tasa de homicidio más alta en por lo menos una década.

“Esto es un momento de agonía para los y las ciudadanos mexicanos, quienes han sido ignorados por un Congreso que, de manera intencional, ha hecho caso omiso del clamor público alrededor de esta ley. Si el presidente decide firmar esta legislación, estaría poniendo en riesgo los derechos humanos de millones de personas,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Finalmente, Amnistía Internacional insta a los candidatos y las candidatas para la elección presidencial de 2018 que pidan al presidente Enrique Peña Nieto el veto de la ley.