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Juárez

Analizan regidores a los postulantes para la Comisión de Honor y Justicia

La coordinadora de la Comisión, regidora Mireya Porras Armendáriz, en reunión con los regidores, Antonio Domínguez Alderete y Myrka Rebeca Villalva Rosales, analizaron los perfiles de los aspirantes, que en este caso son Brenda Moriel Yánez, Verónica Carrillo Salas, Aldo Alí López Pérez y Jaime García de la Rosa.

Porras Armendáriz dijo estos cuatro perfiles se deben revisar en cuestión de la preparación académica, conocimiento de leyes y títulos, ya que ellos deben analizar casos que son delicados.

Explicó que la persona que estaba antes renunció a su cargo y ahora se debe tener a una que participe en los eventos de Honor y Justicia, donde se manejan expedientes que envían los ciudadanos, la misma corporación de Seguridad Pública y la Coordinación General de Seguridad Vial.

En estos expedientes se denuncia a los elementos de alguna de esas corporaciones como posibles responsables de algún delito y los postulantes deben tener la capacidad de estudiar esos expedientes, ser neutrales y valorar sus decisiones para determinar si el elemento señalado de algún delito es responsable o inocente.

En el caso de su responsabilidad, ellos también determinan, de acuerdo a los reglamentos internos, qué sanción se les debe imponer, o incluso si deben ser dado de baja de la corporación en la que están adscritos.

“Las cuatro propuestas que nos traen son buenas, todos tienen la capacidad y saben de lo que se trata”, dijo la edil.

La Comisión Edilicia de Seguridad Pública es la primera en analizar las propuestas, pero también se envían a los demás ediles para que en Sesión Ordinaria de Cabildo, junto con el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar se elija a quien ocupe el lugar faltante.

Juárez

Abogado documenta 94 cancelaciones de visas a juarenses con hijos nacidos en EU

El abogado migratorio Arturo Vázquez documentó al menos 94 casos de juarenses a quienes les fueron canceladas sus visas en los cruces internacionales entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

De acuerdo con el litigante, quien cuenta con más de 30 años de experiencia, las personas afectadas se comunicaron con él el lunes 10 de agosto mediante Messenger para reportar la cancelación de sus documentos. Según las denuncias recibidas, los afectados son padres de hijos nacidos en Estados Unidos.

Vázquez invitó a las personas que se encontraran en esta situación a contactarlo para integrar una lista de casos. Hasta el momento, el registro suma 94 personas.

Ante esta situación, el abogado recomendó a quienes estén en esa condición evitar cruzar la frontera durante un par de meses, mientras se desarrolla la situación.

Vázquez informó también que la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU) prepara una demanda ante una corte federal para solicitar que un juez determine la constitucionalidad de la medida y, en su caso, ordene detener la cancelación de visas en los puentes internacionales.

El abogado señaló que enviará a la ACLU la lista de personas afectadas, con la intención de que durante el proceso judicial se solicite como medida de reparación que el Departamento de Estado restituya las visas canceladas por esta razón, sin que los afectados tengan que presentar una nueva solicitud ni realizar un pago.

Precisó que la recopilación de estos casos y el servicio que ofrece son gratuitos.

De acuerdo con la información difundida, las cancelaciones estarían relacionadas con una nueva orden ejecutiva denominada «Fin al turismo de nacimientos», firmada el 6 de agosto de 2026 por la administración estadunidense.

Entre los motivos señalados se encuentra el presunto uso de visas de turista con la intención de dar a luz en Estados Unidos. También se mencionan revisiones del historial migratorio y familiar de los viajeros, así como interrogatorios y posibles envíos a segunda inspección.

La información también señala que las autoridades pueden considerar antecedentes relacionados con adeudos hospitalarios derivados de partos en Estados Unidos.

La cancelación de la visa de los padres no implica, de acuerdo con la información difundida, la pérdida automática de la ciudadanía estadunidense de los hijos que la obtuvieron por nacimiento.

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