Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que se convirtió en símbolo de la crisis de vivienda en España, podrá regresar a su hogar en Madrid, según informó su abogada. Abascal fue desalojada de manera forzada el 23 de septiembre, siendo retirada en camilla de su departamento, donde vivió por más de 70 años. Tras el desalojo, fue ingresada en un hospital debido a su estado de salud.

El desalojo de Abascal generó una ola de indignación en todo el país, lo que llevó a miles de personas a protestar en las calles de la capital española. El primer ministro Pedro Sánchez ha prometido medidas de alivio en materia de vivienda durante la reunión de su gabinete programada para el martes.

La abogada de Abascal, Beatriz Duro, declaró en una conferencia de prensa que ha habido "buena voluntad de ambas partes" y que la anciana pagará una cantidad similar de renta bajo un nuevo contrato, evitando así un aumento significativo en el precio. El padre de Abascal fue el primero en rentar la propiedad en 1956, y ella continuó como inquilina tras el fallecimiento de sus padres, durante el cual existía un tope en el alquiler.

La firma de inversión Urbagestión adquirió la propiedad en 2018 y aumentó el alquiler de 500 euros al mes a 2,650 euros, lo que resultó insostenible para Abascal, quien recibe una pensión mensual de 1,350 euros. Tres intentos previos de desalojo fueron bloqueados por los tribunales, lo que refleja la complejidad del caso.

El caso de Abascal provocó protestas a nivel nacional, con decenas de miles de personas marchando en Madrid para oponerse al desalojo y exigir una mayor protección para los inquilinos ante la escasez de vivienda y el aumento de los alquileres. Duro mencionó que el acuerdo, que aún debe ser firmado, es el "resultado de la movilización social". Abascal, quien está siendo tratada por agotamiento, firmará el acuerdo cuando se sienta mejor.

Los simpatizantes de Abascal consideran esto una victoria, pero han prometido continuar su lucha para prevenir desalojos similares y presionar por una vivienda más asequible. El Banco de España estima que el país enfrenta una escasez de 700,000 viviendas, basada en la diferencia entre la demanda y la nueva construcción. El Partido Socialista de Pedro Sánchez, que no cuenta con mayoría en el Parlamento, espera aprobar una ley para calmar la indignación pública.