La enviada especial de la ONU para los Refugiados, Angelina Jolie, selló hoy un acuerdo de colaboración con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para atajar la violencia sexual en zonas de conflicto, centrado en el entrenamiento, la supervisión y la concienciación de las tropas.
En la primera visita oficial de la embajadora de buena voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) al cuartel general de la Alianza Atlántica en Bruselas, Jolie denunció el uso de la violencia sexual «como arma de guerra» y como una «herramienta creciente de conflicto e inseguridad en el mundo».
«Su uso como arma de guerra supone un problema incómodo de enfrentar para las sociedades», lamentó Jolie, para quien «ninguno de los retos que asumimos, desde conflictos civiles hasta la crisis global de refugiados, pueden enfrentarse sin prestar más atención a las necesidades y derechos de las mujeres».
En este sentido, explicó que centró su visita en conocer «el papel potencial de la OTAN en ayudar a crear una mayor responsabilidad global en la lucha contra la violencia contra las mujeres», y mencionó la necesidad de «incrementar la representación de las mujeres» en las tropas «y reforzar el entrenamiento».
Stoltenberg explicó que el acuerdo sellado abarca tres áreas: el entrenamiento, la supervisión y la denuncia de los crímenes, y la concienciación, que «ayudará a poner la violencia de género en lo más alto de la agenda, y contribuirá a cambiar comportamientos».
El político noruego defendió que la OTAN ya tiene programas extensivos de entrenamiento para soldados y civiles que operan sobre el terreno y ha desplegado «asesores de género» en sus operaciones en Kosovo y Afganistán.
Jolie, quien ha centrado su labor humanitaria en la atención a las mujeres en zonas de conflicto y ha escuchado de primera mano el relato de víctimas «jóvenes y adultas», subrayó, se encontrará con algunos de estos asesores y comandantes militares para tratar vías de colaboración.
«Vamos a analizar cómo fortalecer el entrenamiento ya existente para combatir la violencia sexual», aseguró Stoltenberg, quien destacó asimismo la necesidad de ser «más rápidos y sistemáticos» a la hora de denunciar estos crímenes para acabar con la impunidad y «llevar a los perpretradores ante la justicia».
La actriz de Hollywood, también profesora visitante sobre el asunto en la London School of Economics (LSE), destacó que «terminar con la impunidad» no es «solo una cuestión de proteger a las mujeres» sino de «valorar a las mujeres».
«Esta ha sido una pieza ausente durante generaciones en los esfuerzos por resolver y prevenir conflictos en todo el mundo. No puede haber paz y seguridad duraderas sin igualdad de derechos y participación para las mujeres en las sociedades», concluyó.
Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.
De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.
Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.
El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.
El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.
El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.
La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.
Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.
El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.
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