México
Aplaude PROFEPA aplicación de mayores sanciones contra tráfico de vida silvestre
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó que las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley Federal de Delincuencia Organizada y al Código Penal Federal, permitirán que el tráfico de vida silvestre pueda ser sancionado con un máximo de 20 años de cárcel.
La dependencia precisó que las penas de hasta 12 años de prisión serán para los que cometan delitos contra el ambiente y ocho años más al miembro de la delincuencia organizada que realice tráfico de flora o fauna protegida, y que tenga funciones de administración, dirección o supervisión en la banda delictiva.
Dicha sanción será vigente una vez que el Titular del Ejecutivo Federal decrete la promulgación de la reforma al artículo 2º de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, así como al artículo 420 del Código Penal Federal, aprobadas por la semana pasada por el Senado de la República.
Ambas modificaciones legales permitirán que el tráfico de vida silveste podrá ser investigado y sancionado conforme a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Para investigar a este tipo de grupos delincuenciales el Ministerio Público y la Policía Federal podrán intervenir comunicaciones telefónicas, infiltrar agentes y realizar operaciones encubiertas y solicitar prisión preventiva oficiosa ante los Jueces federales del sistema penal acusatorio.
Noticias MVS
México
Sheinbaum presenta investigación sobre red de contratos electorales por 2 mil 740 millones
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer una investigación realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que revela una presunta red de contrataciones electorales vinculada a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Según el informe, estas empresas habrían obtenido contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025.
Durante la conferencia matutina del 5 de noviembre, Sheinbaum destacó que los antecedentes de este grupo empresarial se remontan a más de 20 años, y que sus operaciones se fortalecieron durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello en el Instituto Nacional Electoral (INE), que abarcó de 2014 a 2023.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que la investigación se llevó a cabo mediante la revisión de fuentes abiertas, lo que permitió reconstruir las relaciones laborales, empresariales y políticas de los hermanos Hernández Casillas, así como su participación en contratos con organismos electorales estatales.
De acuerdo con los datos presentados, entre 2015 y 2023, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) otorgaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a empresas vinculadas a los hermanos. Posteriormente, entre 2024 y 2025, la misma estructura empresarial obtuvo otros 646.3 millones de pesos a través de contrataciones con 15 organismos electorales locales.
Los antecedentes de los hermanos se ubican entre 1983 y 1988, cuando trabajaron en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), bajo la Secretaría de Gobernación. Durante este periodo, José Alfredo Hernández Casillas fue secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, quien era el director general del organismo. En 1988, se constituyó la empresa Cartonera Plástica, relacionada con José Alfredo.
La investigación federal señala que en 1999 se registraron las primeras contrataciones electorales de Cartonera Plástica, que participó como proveedora en el Estado de México. En 2005, la empresa obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos con el Instituto Electoral del Estado de México, periodo en el que surgieron denuncias por irregularidades y sobornos.
Buenrostro Sánchez mencionó que entre 2012 y 2013, los hermanos ampliaron sus operaciones mediante diversas empresas y contratos con organismos electorales en varios estados. La reforma electoral de 2014 modificó el mecanismo de designación de consejeros de los organismos electorales locales, lo que permitió un incremento en las contrataciones de las empresas investigadas.
Sheinbaum también vinculó políticamente a los hermanos Hernández Casillas con integrantes de la organización SOMOS, que incluye a exfuncionarios del INE. La presidenta solicitó investigar las contrataciones realizadas durante distintas administraciones del INE, incluida la gestión de Guadalupe Taddei, y afirmó que cualquier responsabilidad debe ser determinada por las instancias competentes.
Además, anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México, con el objetivo de mejorar la producción estatal de material electoral y transparentar las adquisiciones. Buenrostro Sánchez aclaró que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación revisar las posibles irregularidades en los contratos del INE y presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República cuando sea necesario.
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