Política
Aprobada tipificación de cohabitación forzada en Chihuahua
El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó la propuesta de la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, para tipificar la cohabitación forzada en el Código Penal local. Esta nueva legislación establece penas de ocho a quince años de prisión, así como multas de hasta dos mil 500 días de salario, con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes de uniones forzadas que vulneran sus derechos.
Durante su intervención, Argüelles Díaz subrayó la importancia de garantizar que ninguna niña vea truncados sus sueños, educación o futuro debido a decisiones impuestas. “Son niñas, no esposas”, enfatizó, haciendo un llamado a erradicar las uniones tempranas que afectan el desarrollo integral de las infancias.
La legisladora destacó que, a pesar de la prohibición del matrimonio infantil en las 32 entidades federativas, continúan existiendo uniones de hecho que afectan a menores. Por ello, consideró fundamental cerrar vacíos legales y establecer sanciones penales claras para quienes promuevan o faciliten estas uniones.
La iniciativa responde a una problemática estructural caracterizada por la desigualdad y la vulnerabilidad social, que expone a niñas y adolescentes a situaciones de violencia, deserción escolar y embarazos a temprana edad. Proteger sus derechos implica asegurar su desarrollo integral y la libertad de construir un proyecto de vida sin imposiciones.
Como parte de su argumentación, Argüelles Díaz presentó cifras de la Secretaría de Salud correspondientes a 2024, que revelan que 3 mil 114 mujeres menores de 18 años dieron a luz en Chihuahua. De estos casos, mil 873 involucraban a padres mayores de edad, mientras que mil 228 madres tenían menos de 14 años al momento del parto. Estas estadísticas evidencian la urgencia de fortalecer las acciones institucionales de prevención, protección e investigación de posibles delitos contra la libertad sexual.
Política
Nuevo mecanismo para sancionar el huachicol fiscal en México
El Estado mexicano implementará un nuevo mecanismo para sancionar el huachicol fiscal, que contempla multas de hasta el cien por ciento del valor real de petróleo, gasolinas, gas o diésel que se introduzca al país sin el debido reporte a las autoridades aduanales. Esta medida fue aprobada por el Senado, que avaló la reforma a la Ley Aduanera con 66 votos a favor, 37 en contra y una abstención. La reforma será enviada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objetivo de entrar en vigor el 1 de enero del próximo año.
La reforma establece que, en caso de que el valor declarado en el pedimento de importación sea inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares, las autoridades aduaneras iniciarán de oficio el ejercicio de sus facultades de comprobación. Además, se especifica que si el engaño para evadir impuestos involucra hidrocarburos y petrolíferos, se aplicará una multa que oscilará entre el 50% y el 100% del valor comercial de las mercancías involucradas.
Asimismo, se establecen procedimientos para que los propietarios de empresas que importen hidrocarburos y petrolíferos puedan demostrar el pago de los impuestos correspondientes y así recuperar la mercancía retenida. La reforma también señala que si el valor declarado en el pedimento es inferior en un 20% o más al valor de transacción de mercancías similares, los interesados podrán solicitar la sustitución del embargo precautorio dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del inicio del procedimiento administrativo.
Con esta reforma, el gobierno busca fortalecer el control aduanero y combatir la evasión fiscal en el sector de hidrocarburos, un problema que ha afectado significativamente las finanzas del país. La implementación de estas medidas se considera un paso importante hacia la regulación y transparencia en el manejo de recursos energéticos.
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