Política

Aprobada tipificación de cohabitación forzada en Chihuahua

El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó la propuesta de la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, para tipificar la cohabitación forzada en el Código Penal local. Esta nueva legislación establece penas de ocho a quince años de prisión, así como multas de hasta dos mil 500 días de salario, con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes de uniones forzadas que vulneran sus derechos.

Durante su intervención, Argüelles Díaz subrayó la importancia de garantizar que ninguna niña vea truncados sus sueños, educación o futuro debido a decisiones impuestas. “Son niñas, no esposas”, enfatizó, haciendo un llamado a erradicar las uniones tempranas que afectan el desarrollo integral de las infancias.

La legisladora destacó que, a pesar de la prohibición del matrimonio infantil en las 32 entidades federativas, continúan existiendo uniones de hecho que afectan a menores. Por ello, consideró fundamental cerrar vacíos legales y establecer sanciones penales claras para quienes promuevan o faciliten estas uniones.

La iniciativa responde a una problemática estructural caracterizada por la desigualdad y la vulnerabilidad social, que expone a niñas y adolescentes a situaciones de violencia, deserción escolar y embarazos a temprana edad. Proteger sus derechos implica asegurar su desarrollo integral y la libertad de construir un proyecto de vida sin imposiciones.

Como parte de su argumentación, Argüelles Díaz presentó cifras de la Secretaría de Salud correspondientes a 2024, que revelan que 3 mil 114 mujeres menores de 18 años dieron a luz en Chihuahua. De estos casos, mil 873 involucraban a padres mayores de edad, mientras que mil 228 madres tenían menos de 14 años al momento del parto. Estas estadísticas evidencian la urgencia de fortalecer las acciones institucionales de prevención, protección e investigación de posibles delitos contra la libertad sexual.

Política

La red Taddei opera en 17 estados con contratos por 1,803 millones de pesos

La red de empresas vinculadas a Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ha extendido sus operaciones a al menos 17 estados de la República Mexicana, acumulando contratos por un total de mil 803 millones 80 mil pesos. Estas empresas están acusadas de presunta simulación de competencia y conflictos de interés, y han proporcionado materiales y documentación electoral a diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Las investigaciones sobre los contratos y relaciones comerciales de estas empresas están siendo llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Órgano Interno de Control (OIC) del INE. Entre las empresas implicadas se encuentra Formas Finas y Materiales, especializada en el suministro de papelería electoral, urnas, mamparas de votación y útiles de casilla. Esta empresa ha obtenido al menos 15 contratos adjudicados en 11 OPLE estatales, por un monto que supera los 540 millones de pesos.

Los documentos de fiscalización revisados ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revelan que Formas Finas y Materiales tiene contratos con varios institutos locales, incluyendo el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), donde se le adjudicaron contratos para el suministro de papelería, materiales de casilla y documentación electoral. Asimismo, la empresa ha sido contratada por el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE Aguascalientes), donde se estima que la contratación asciende a aproximadamente 17 millones de pesos durante el proceso electoral de 2024.

Adicionalmente, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) también ha contratado a Formas Finas y Materiales para la producción e instalación de documentación y material de casilla. Esta misma empresa brinda servicios al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), anteriormente conocido como la Comisión Estatal Electoral (CEE), con adjudicaciones de útiles electorales y materiales de votación. La situación plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la integridad de los procesos electorales en el país.