Ciudad de México.– Con una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el Congreso aprobó este martes una nueva Ley de la Guardia Nacional que consolida el carácter permanente, militar y federal de esta fuerza de seguridad pública. El dictamen fue avalado en lo general con 349 votos a favor y 132 en contra, y en lo particular con 351 a favor y 124 en contra. La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y será enviada al Senado para su revisión constitucional.

La nueva ley abroga el ordenamiento vigente desde mayo de 2019 y se alinea con la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024. Establece que la Guardia Nacional dependerá orgánicamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque su función principal seguirá siendo la seguridad pública, en coordinación con autoridades estatales y municipales, de acuerdo con los convenios que se celebren.

La legislación, compuesta por 96 artículos distribuidos en siete títulos, modifica además diversas normas del marco legal castrense, incluyendo las leyes Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, de Educación Militar, de Ascensos y Recompensas, de Disciplina, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, y los códigos de Justicia Militar y de Procedimientos Penales.

El texto establece que la Guardia Nacional podrá contar con personal militar, de la Fuerza Aérea y con elementos civiles de confianza, y que el titular de la Defensa será el responsable directo de su organización, equipamiento, formación, administración y desarrollo. El mando operativo estará a cargo de un comandante con el grado de General de División, nombrado directamente por la Presidencia de la República.

Entre sus principales funciones se encuentra la prevención del delito, el restablecimiento del orden y la paz social, la recolección de información en espacios públicos, así como tareas de inteligencia e investigación en el ámbito de la seguridad pública. Sin embargo, el texto advierte que “los datos obtenidos con afectación a los derechos humanos carecerán de todo valor probatorio”, en un intento por blindar la operación frente a posibles abusos.

La nueva legislación subraya que la actuación de la Guardia Nacional deberá regirse por el respeto irrestricto a los derechos humanos, tanto los consagrados en la Constitución como en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.

Aunque el dictamen fue respaldado ampliamente por la mayoría oficialista, legisladores de oposición criticaron que la reforma representa una “militarización permanente” de la seguridad pública y advirtieron riesgos de concentración de poder en las Fuerzas Armadas. No obstante, el bloque mayoritario defendió que la medida responde a la necesidad de dotar al país de una fuerza eficaz, disciplinada y con mando unificado para hacer frente a los niveles de violencia e inseguridad.

Con esta decisión, la Guardia Nacional da un paso definitivo hacia su consolidación como una fuerza militarizada, bajo control operativo y administrativo de la Sedena, cerrando el modelo híbrido civil-militar que fue originalmente planteado en su creación en 2019.