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México

Arturo Medina confirma negociaciones entre AMLO y Salinas Pliego, pero niega que existiera un acuerdo formal

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, reconoció este lunes que sí hubo acercamientos entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego para analizar la deuda fiscal del grupo empresarial, aunque aclaró que nunca se firmó un convenio ni se estableció un monto de pago.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Medina explicó que su participación se limitó a integrar una mesa técnica con representantes del empresario, a fin de explorar posibles rutas de solución, pero enfatizó que las conversaciones no derivaron en ningún acuerdo formal.

“Nunca se firmó algún acuerdo, no existe un documento que así lo establezca. El grupo siempre sostuvo que su deuda era menor a lo determinado por el SAT”, afirmó el funcionario, en respuesta a un comunicado de Grupo Salinas que lo señaló como intermediario designado por el entonces presidente López Obrador.

Medina añadió que el pago de 2 mil 700 millones de pesos al que hace referencia Salinas Pliego corresponde a un litigio de años anteriores, sin relación con los adeudos actuales que el Servicio de Administración Tributaria mantiene en disputa.

“El adeudo del grupo empresarial tiene más de 17 años y se originó desde hace tres sexenios. Ninguno de esos procesos comenzó con los gobiernos de la transformación, y en ninguno han querido pagar. El Grupo Salinas falta a la verdad”, sostuvo.

Según el propio empresario, en el texto difundido por su consorcio, él habría propuesto a López Obrador alcanzar “un acuerdo justo y apegado a derecho”, y fue por ello que se designó a Arturo Medina como enlace del gobierno. No obstante, el subsecretario reiteró que esas negociaciones nunca se concretaron y que el Estado mexicano mantiene firme su postura de cobrar los adeudos fiscales pendientes.

México

Andrea Domínguez denuncia persecución y solicita protección ante la CEDH

Andrea Domínguez denuncia persecución y solicita protección ante la CEDH

Chihuahua, Chih. La defensa de Andrea Cecilia Domínguez Anguiano ha presentado una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y ha solicitado medidas de protección para ella, sus hijos y personas cercanas a su representación legal. Esta acción se deriva de las denuncias públicas de Domínguez sobre presuntas amenazas, persecución y abusos relacionados con su trabajo en la Feria de Santa Rita.

El abogado Luis Villegas Montes, quien representa a Domínguez, acudió este martes a la CEDH y explicó que el expediente incluye 145 hechos ocurridos durante un periodo superior a cuatro años. Estos hechos serán revisados por el organismo para determinar si se han presentado violaciones a los derechos humanos.

La queja expone posibles actos de abuso de autoridad, vigilancia indebida, intimidación, afectaciones a la vida familiar y eventuales represalias. Domínguez ha compartido su testimonio a través de un video en redes sociales, donde detalla su situación.

El contexto de la denuncia se relaciona con la vinculación laboral que Domínguez tuvo desde 2022 con Manuel Campos Galván, hermano de la gobernadora Maru Campos. Según su defensa, esta relación generó una dependencia económica y profesional que limitó su capacidad de decisión. Domínguez se presentó como exdirectora operativa de la Feria de Santa Rita y afirmó que, tras su trabajo bajo las instrucciones de Campos Galván, comenzó a sufrir persecución, amenazas, violencia de género y hostigamiento.

“Tengo meses siendo perseguida por Manuel Campos Galván, quien se aprovecha de toda la estructura de gobierno a su disposición para llevar a cabo esta persecución”, declaró Domínguez en su mensaje.

La mujer ha responsabilizado de su seguridad y la de su familia a Manuel Campos Galván, así como a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, a Alberto de la Peña Grajeda y a Fernando Álvarez Monge. Estos señalamientos son parte de su denuncia y no constituyen determinaciones de responsabilidad por parte de alguna autoridad.

Entre los episodios mencionados en la queja se encuentra un cateo realizado el 30 de junio de 2026 en el domicilio de Domínguez, donde personas armadas ingresaron durante la madrugada, incomunicando a la familia y retirando teléfonos, una computadora, documentos y dinero. La defensa ha solicitado que la CEDH revise las circunstancias de este operativo para determinar si se violaron los derechos de Domínguez y de sus hijos.

Otro aspecto relevante de la queja es la actuación de los escoltas asignados a Domínguez, ya que su abogado ha solicitado investigar si esta medida de protección se ha convertido en un mecanismo de vigilancia o control.

Además, Domínguez ha denunciado presunto acoso sexual, violencia de género y presiones relacionadas con supuestas irregularidades financieras en la administración de la Feria de Santa Rita, afirmando que se negó a participar en actos que describió como fraudes y desvíos millonarios.

Con la presentación de esta queja, el caso se remite a una instancia formal de derechos humanos, que deberá analizar los hechos expuestos y determinar si corresponde emitir medidas cautelares o de protección, así como revisar la actuación de las autoridades mencionadas. Hasta el momento, no se ha recibido una postura de la gobernadora Maru Campos, Manuel Campos Galván, Santiago de la Peña, Alberto de la Peña, Fernando Álvarez Monge o de las instituciones implicadas en relación con las acusaciones de Domínguez.

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