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México

Aseguran bienes al ex gobernador Roberto Sandoval, uno de ellos ligado al “Canelo”

La Fiscalía de Nayarit aseguró cinco inmuebles propiedad del ex gobernador Roberto Sandoval y su familia como una medida precautoria por la investigación que se sigue en contra del ex
mandatario por enriquecimiento ilícito.

El primer aseguramiento se realizó en el inmueble donde se ubica la Fundación Ríe, en la colonia El Pedregal de San Juan, en el cual se brindan sesiones de equinoterapia para niños con
capacidades diferentes.

La fundación está a cargo de Lidy Alejandra Sandoval López, hija mayor del mandatario, y entre los socios están Saúl El Canelo Álvarez y Hugo Ismael Sánchez Sandoval, sobrino del ex
mandatario, asesinado el 19 de septiembre de 2017, el mismo día en que Roberto Sandoval dejó el cargo.
La finca se rentaba para bodas, celebraciones privadas y eventos partidistas del PRI en Nayarit, y la fundación ha sido señalada como una fachada para presuntamente encubrir la compra de
caballos nos por parte del ex gobernador.

También se aseguró un predio de más de 39 mil metros cuadrados en el ejido La Cantera, de Tepic, que en 2013 fue adquirido por la actual senadora del PRI Margarita Flores Sánchez, y vendido un
año después en 5 millones de pesos a una inmobiliaria de la Ciudad de México, cuyo registro no existe.

Según la escritura pública 3586 —fechada en enero de 2015 y emitida por los notarios 15 y 20 de Tepic—, el 10 de junio de 2014 Flores Sánchez recibió 100 mil pesos en efectivo para pactar la
venta y el 23 de diciembre de ese año la empresa L-Inmo S.A. de C.V. realizó una transferencia bancaria por 4 millones 900 mil pesos a nombre de la senadora.

En el documento se establece que la empresa fue constituida legalmente el 11 de diciembre de 2014 en la Ciudad de México, 12 días antes de pagar la totalidad del predio, y su único
administrador es Daniel Alberto Murad Millet, quien en varias ocasiones ha aparecido como candidato plurinominal suplente en los listados del Partido Nueva Alianza para el Congreso de la
Unión. Sin embargo, en una consulta realizada por EL UNIVERSAL en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México no se encontró ningún dato de la empresa.  
Además de estas dos propiedades, la Fiscalía aseguró una residencia en construcción en el exclusivo fraccionamiento Bonaterra de la capital nayarita, cuya propiedad es de Lidy Alejandra
Sandoval, hija del ex mandatario; otra en la colonia Doctor Leyva, de Tepic, y una más en el fraccionamiento Lago David, en el ejido El Armadillo, de la capital nayarita.
Solamente es una medida precautoria. La agente del Ministerio Público que encabezó las diligencias, Luzmila Heredia Verdugo, explicó que el aseguramiento es una medida precautoria por
la investigación por enriquecimiento ilícito que se le sigue al ex gobernador desde enero pasado y no signica que los inmuebles estén incautados, sino que sólo se “inmovilizan” para que no haya un cambio de propietario.

En el caso del inmueble en el que se ubica la Fundación Ríe, Heredia Vergugo precisó que sus labores pueden continuar con normalidad, puesto que solamente se da el carácter de depositarios.
La agente ministerial dijo que no están obligados a llamar a declarar al ex gobernador por estos hechos, ya que una vez integrada la investigación y solicitado el proceso en su contra ante el
Poder Judicial, la primera declaración de su parte se podría hacer ante un juez de control.

Con información de El Universal

México

Gobierno de México reporta avance del 67% en Plan Michoacán

Gobierno de México reporta avance del 67% en Plan Michoacán

El Gobierno de México ha informado que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ha alcanzado un avance del 67 por ciento a un año de su implementación. Este programa, que incluye más de 2 mil 500 obras y acciones programadas, ha visto la conclusión de mil 680 de estas iniciativas, además de un ejercicio presupuestal que equivale al 61 por ciento de los recursos destinados para el periodo 2025-2030.

Durante la conferencia matutina del 4 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un balance de los 12 ejes que componen esta estrategia federal, la cual busca atender diversas necesidades en Michoacán a través de intervenciones en seguridad, educación y desarrollo social.

La inversión total proyectada para el programa es de 118 mil millones de pesos, de los cuales se han ejercido aproximadamente 72 mil millones. Sheinbaum destacó que los resultados obtenidos son parte de un esfuerzo continuo que requiere la coordinación entre las instituciones gubernamentales y los diferentes sectores de la sociedad michoacana. “Hemos avanzado, por supuesto que tenemos que seguir trabajando”, afirmó.

En el ámbito de la seguridad, la mandataria aseguró que se han registrado disminuciones en delitos de alto impacto y que se mantienen mecanismos de comunicación y colaboración con representantes de diversos sectores sociales en el estado.

Asimismo, la evaluación del programa incluye indicadores relacionados con la educación, como el número de estudiantes inscritos en las escuelas y la continuidad de los jóvenes en los distintos niveles educativos. Se ha puesto especial énfasis en el seguimiento de los jóvenes que transitan de secundaria a preparatoria y de educación media superior a universidad, apoyados por programas de becas del Gobierno federal.

Sheinbaum enfatizó la importancia de mantener la presencia institucional en Michoacán a través de acciones cotidianas y una comunicación constante con la población, para conocer los resultados de las intervenciones y detectar necesidades pendientes. “Lo importante es que las y los michoacanos sepan que el Gobierno de México está presente en todos los municipios de Michoacán”, concluyó.

El balance presentado corresponde al primer año de ejecución del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que se extenderá hasta 2030, y contempla la continuidad de las obras y acciones correspondientes a sus 12 ejes de intervención. Aunque se dieron a conocer los porcentajes generales de avance físico y financiero, no se especificaron cifras concretas sobre la reducción de delitos ni los resultados desagregados de los indicadores educativos mencionados.

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