La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que en la revisión de la Cuenta Pública 2024 se detectaron irregularidades por un total de 6 mil 969 millones de pesos, correspondientes al último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador. De esa cifra, hasta el momento solo se han recuperado mil 146 millones, por lo que quedan pendientes de aclarar 5 mil 823 millones de pesos.

El titular de la ASF, David Colmenares, informó ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que del monto aún no solventado, más de 5 mil 100 millones de pesos están bajo observación. De esa cantidad, el 11 por ciento corresponde a dependencias del gobierno federal y el 89 por ciento a entidades federativas.

Durante la presentación de la segunda entrega de los informes de fiscalización —de un total de tres—, Colmenares adelantó que se continúan realizando auditorías adicionales, con el objetivo de sumar alrededor de 2 mil millones de pesos en observaciones antes de la entrega final del informe, prevista para febrero de 2026.

El auditor explicó que de los casi 7 mil millones observados, 965 millones corresponden a entidades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las cuales deben justificar aún el uso de 802 millones. En particular, el Poder Judicial concentra el 49 por ciento de las observaciones dentro de este grupo.

Las entidades federativas y municipios, por su parte, acumulan presuntas irregularidades por más de 5 mil 21 millones de pesos. Según el informe, en los estados se identificaron anomalías superiores a 4 mil 600 millones, de los cuales más del 35 por ciento están relacionados con los servicios de salud financiados con recursos federales.

El 65 por ciento restante de las observaciones involucra programas y fondos destinados al financiamiento de obras en zonas de alta marginación, pagos de nóminas educativas, saneamiento financiero y manejo de deuda pública.

Colmenares subrayó que estos resultados forman parte de un proceso de fiscalización que busca fortalecer la rendición de cuentas y garantizar que los recursos públicos se apliquen con transparencia y eficacia, especialmente al cierre de un sexenio marcado por obras emblemáticas y un gasto público de gran magnitud.