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Chihuahua

Ataca diputada panista Nadia Siqueiros, a administración de Corral; Su postura pudo ser «electorera»

Las instituciones públicas al servicio de los partidos políticos podrían empezar a cambiar luego de que Javier Corral nombrara en una posición estratégica a un funcionario no panista, lo que pudo haber ocasionado una rebelión dentro de los diputados albiazules quienes han pedido «soltar dinero» para los pobres justo antes de las elecciones.

El pasado miércoles 13 de Diciembre compareció ante la cámara de diputados locales el secretario de desarrollo social, Victor Quintana Silveyra, quien mostró los avances de la secretaria a través del año.

Llamó la atención que la diputada panista Nadia Siqueiros cuestionó al secretario sobre cómo se subsanaría el sin ejercicio que se tiene el año en curso, el cual, da más de 182 millones de pesos. Además la legisladora señaló que se han encontrado casos donde al inicio comenzaron a laborar como directores y a la fecha se encuentran como auxiliares pero con el mismo sueldo.

“El punto de hacer esta mención es por que hay personal que no cumple con el perfil que pide esta secretaría y así no es posible cumplir las metas, además de la existencia del monto de 181 millones de subejercicio”.

La diputada dijo que un trabajador de esta instancia gana 46 mil pesos mensuales, pero esta persona primero trabajó como director y ahora solo es auxiliar pero con el sueldo anterior.

¿Información errónea o falsa de Nadia Siqueiros?

Ante tal situación, el secretario Victor Quintana aseguró que lo dicho por la diputada Siqueiros tiene una mala información pues a dependencia a su cargo no tendrá subejercicio presupuestal en 2017,

El dato de la diputada fue analizado por internet, sin embargo, no tiene los datos del último trimestre del año, dijo el secretario de Desarrollo Social. Por lo que Siqueiros habría caído en una información sesgada y con poco oficio de investigación.

Sus previsiones son que para el cierre del año tendrán menos de dos millones de pesos sin ejercer y esta cantidad ante un presupuesto de 600 millones es una cantidad mínima, aseguró.

Lo que la secretaría de desarrollo social ha invertido este año contra la pobreza.

Se requiere mucho más presupuesto contra la pobreza: Quintana

En la comparecencia Quintana presentó la solicitud de un presupuesto de 716 millones 80 mil 34 pesos para continuar avanzando con los proyectos estratégicos en el 2018.

El presupuesto que la secretaría solicita, expresó Quintana Silveyra en tribuna, tiene la base de una metodología centrada en el sujeto social cuyas metas principales son continuar con los programas y estrategias de “Echarle Montón a la Pobreza” y “Desarrollo, Paz y Reencuentro”.

La aplicación del presupuesto que se apruebe para la Secretaría de Desarrollo Social será supervisado bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, manifestó el funcionario.

Un secretario «no panista» en Desarrollo Social de administración «panista».

Cabe señalar que la secretaría de Desarrollo Social ha sido utilizada durante muchas administraciones de distintos partidos para «dar dádivas» a través de despensas o dinero directamente a los ciudadanos que lo necesitan, pero pidiendo el voto por un partido, cosa que se busca terminar en la administración de Javier Corral. Por lo que las presiones de algunos diputados albiazules podría estar encaminada a presionar para continuar este ejercicio que en nada abona a la democracia naciente en el Estado.

 

 

Chihuahua

Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua

Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.

El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.

En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.

¿De qué se acusa a César Jáuregui?

Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.

El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.

El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.

Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.

¿Cómo se autorizó la orden de captura?

El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.

Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.

La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.

Lo que todavía falta por esclarecer

Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.

Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.

La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.

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